Hace pocos días el presidente Martín Vizcarra, pidió a los 2 mil alcaldes del país que denuncien a los malos funcionarios que intenten exigirles una comisión para acelerar un trámite en un ministerio. “A los burgomaestres que denuncien los vamos premiar y ese proyecto por el que se pretendió cobrar una comisión o porcentaje lo vamos a ejecutar” afirmó. Vizcarra dijo que “en esta lucha tenemos que estar todos unidos: los medios de comunicación, autoridades locales y la población en general”.
Sin duda una loable y necesaria iniciativa, pero surge la pregunta: ¿Y quién controla a los alcaldes?
Porque si tenemos en cuenta que más del 90% de los alcaldes del Perú están denunciados por corrupción por los propios vecinos y proveedores, veremos que la tarea será bastante ardua.
Según el Portal del Poder Judicial, hasta el mes de diciembre del 2017 se había registrado que 27,020 funcionarios de municipalidades y gobernaciones habían sido denunciados.
Lima Sur encabeza esta suerte de ranking delincuencial, con 2,823 denuncias. También figuran Lima (2,742), Cusco (1304), Junín (2110) y Ancash con 2513 denuncias.
Al respecto el presidente del Poder Judicial Duberli Rodríguez dijo que el alto índice de corrupción en el país demanda poner en funcionamientos juzgados especializados en los distritos judiciales. En ese sentido anunció la creación de 16 juzgados especializados en corrupción en Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno Ucayali y El Santa.
Justamente en el municipio de El Santa (Ancash), según un informe de la Contraloría, se detectó irregularidades en una obra de agua potable: sin ningún sustento se produjo una ampliación de plazos para culminar la obra y, además, el municipio evitó cobrar penalidades.
Esta acción dolosa causó un perjuicio de 1.7 millones de soles. En este mismo gobierno local, la gestión anterior había suscrito un contrato por 999 mil soles para implementar un sistema informático. Se canceló más de la mitad pero el servicio nunca entró en funcionamiento.
Lamentablemente Ancash ha sido convertida en la ruta de la corrupción por alcaldes y gobernadores.
Es así que de los 20 alcaldes provinciales del actual período (2015-2018), 17 tienen investigaciones fiscales o procesos por corrupción.
Según la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Huaraz el alcalde de la provincia de Huaylas, Renson Martínez, es quien registra el mayor número de investigaciones o procesos judiciales, con 65 procesos.
Párrafo aparte merecen los distritos de San Marcos y Chavín de Huántar, cuyos municipios recibieron sumas millonarias por el canon minero. En San Marcos, entre los años 2011 al 2014, se sucedieron en la alcaldía cuatro alcaldes. Uno de ellos, Oscar Ugarte Salazar, fue vacado por nepotismo (contrató a toda su parentela con jugosos sueldos) y además tiene 50 procesos en curso por corrupción. En la actualidad está prófugo. Fue reemplazado por Félix Chávez Alfaro quien a los pocos meses fue intervenido recibiendo un presunto soborno de 5 mil soles. Actualmente enfrenta en libertad 29 investigaciones y procesos judiciales.
En Lima las cosas andan tan mal o peor que otros departamentos. En Lima, el ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos fue sentenciado a 16 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Burgos presentaba un desbalance patrimonial sobre S/ 8 millones.
Pero también hay alcaldes que literalmente, son de armas tomar. El alcalde del balneario Santa Rosa, Carlos Arce, por ejemplo, dirigía la organización criminal Los Malditos de Santa Rosa que se dedicada al tráfico de terrenos, homicidio calificado, lesiones graves por arma de fuego y tenencia ilegal de armas. Junto a Arce fueron detenidos tres funcionarios de la municipalidad, también un trabajador de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el juez de paz del distrito y dos suboficiales de la Policía Nacional.
El alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess Camino, se encuentra detenido por el presunto delito de peculado (malversación de fondos). Barthelmess tiene más de 20 investigaciones que se le siguen en la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur.
A estos casos, se suma la de Fortunato Chilingano, ex alcalde de Villa María del Triunfo detenido por actos de corrupción en agravio de la comuna de este distrito. Chilingano integraba la banda ‘Los topos de Lima sur’, que se dedicada a la extorsión y al cobro de cupos.
Carlos Arce, Jorge Luis Barthelmess y Chilingano pertenecían a Solidaridad Nacional.
“Las detenciones de alcaldes de Lima son solo la punta del iceberg de una maraña de corrupción que se implanta en los municipios para actuar de manera deshonesta ante la vista y paciencia de las Oficinas de Control Interno de cada entidad”, señaló Víctor Quijada Tacuri, abogado penalista especializado en gobiernos locales.
