La Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano, presidido por la congresista Carmen Omonte Durand (APP), recibió a especialistas del tema pensionario y se evaluaron dos proyectos de ley sobre la misma materia.
Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), propuso una serie de opciones y políticas para mejorar el funcionamiento y capacidad de administración de las pensiones de jubilación y asegurar el objetivo de proporcionar una pensión o renta en la vejez a todos los ciudadanos con un enfoque a largo plazo.
«Estudios elaborados por la OCDE sobre el Sistema Pensionario del Perú concluyen en la necesidad de tomar medidas y aplicarlas en conjunto, tomando en cuenta la interacción y equilibrio entre ellas para no poner en peligro el sistema pensionario», mencionó.
Indicó que la visión debe ser a largo plazo y su implementación gradual considerando la capacidad fiscal, la capacidad institucional y el desarrollo del mercado laboral.
«Considerando la problemática de la pobreza en la vejez, todos los ciudadanos tienen que ser protegidos con una red que establezca un marco sólido para que el sistema de pensiones contributiva cubierto con los presupuestos del Estado, cumpla con el objetivo de mejorar la cobertura y los niveles de las pensiones».
Antolín también sostuvo se debe mejorar la confianza en el sistema nacional de pensiones y que sus instituciones salvaguarden el mejor interés en la población y suministren ingresos en la etapa de jubilación.
Del mismo modo se refirió a la necesidad de incrementar el nivel de beneficios de Pensión 65, ampliando los criterios de elegibilidad hacia todos los ciudadanos.
En tanto, Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en México, se refirió a la realidad laboral del Perú, semejante a la mejicana con un alto índice de informalidad y difícil de revertir en el corto plazo.
«Hay que adaptar el sistema lo mejor posible y cubrir de la mejor forma al mayor número de peruanos. Los sistemas híbridos son la mejor opción. Las afp por su parte tiene q hacer más en materia de educación financiera, si así lo hubieran hecho hoy no lo estarían lamentando. Se debe difundir los beneficios a los trabajadores», indicó.
Por su parte, Julio César Bazán Figueroa, representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) pidió abordar el tema pensionario considerando la seguridad social de manera integral, problemas de baja cobertura, exclusión a mucha gente en materia de salud y soluciones al sin número de accidentes de trabajo.
«Tenemos que tener una fortaleza institucional para que funcione el sistema de la seguridad social en su conjunto y aprovechar el esfuerzo de la reforma para resolver el problema que aqueja al trabajador peruano hace décadas», sostuvo.
Para Bazán Figueroa pasa por la necesidad de reformar la Constitución que nos rige donde se reconoce el derecho pensionario del trabajador pero no se garantiza el mismo.
El dirigente de los trabajadores también propuso la creación de un ente autónomo con características similares al FONAFE que administre los fondos intangibles de la seguridad social de manera adecuada y que la administración debe ser tripartita.
PROYECTOS DE LEY
El congresista Humberto Acuña Peralta (APP) expuso su proyecto de ley que plantea la reforma integral al Sistema Peruano de Pensiones (PL05570/2020-CR) que se fundamente en el sistema multipilar solidario, eficiente y equitativo.
«Que empiece con un ‘capital semilla’ de mil 100 soles para cada peruano, luego de ello se dirija el sistema a dar una pensión mínima escalonada para todos al cumplir los 240 meses de aporte. La pensión no podrá ser menor a la mínima vital».
Su propuesta también contempla la creación de una Superintendencia Previsional y paralelamente crear el delito de ‘Apropiacion de aportes previsionales’ en nuestro Código Penal.
Por su parte el legislador Carlos Almerí Veramendi (PP) propuso declarar de necesidad publica e interés nacional el reconocimiento de una pensión de jubilación para el agricultor jornalero eventual.
Almerí recordó que gracias a los hombres y mujeres del campo, en el actual contexto de pandemia hemos podido contar con alimentos en nuestras mesas y dijo que es necesario reivindicar ese esfuerzo de los pequeños agricultores postergados por doscientos años.
