La exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, dijo el lunes 4, durante su presentación ante la comisión investigadora ‘Lava jato’, que “nunca ha pedido ni recibido coimas y sobornos” y “que no van a encontrar lo que no existe”, refiriéndose a alguna irregularidad habida en la firma de los contratos de los proyectos Línea Amarilla (con OAS) y Líneas Viales de Lima (con Odebrecht).
Sin embargo, estas advertencias hechas al inicio de su intervención no convencieron a los congresistas Víctor García Belaunde, Jorge Castro, Mauricio Mulder y Karina Beteta, quienes le cuestionaron los gastos habidos en la campaña por la revocatoria.
García Belaunde afirmó que “lo cierto es que ha habido irregularidades (en la concesión de las obras viales) porque en la comisión investigadora están convencidos que ha habido corrupción”. Dejó entrever que habría gente en su entorno que podría haber sido corrompido y afirmó que un incremento de 200 millones de dólares (según la adenda al contrato del proyecto de Línea Amarilla) por diez años era una exageración.
Por su parte, Jorge Castro dijo que no estaba convencido de las afirmaciones de la ex alcaldesa porque la suma adicional que exigía la adenda no es puesto por una empresa privada, sino que sale del bolsillo de los usuarios por el pago de peaje.
Las interrogantes e insistencias de Karina Beteta fueron dirigidas a conocer quiénes fueron los aportantes, los responsables del dinero recabado (un millón 614 mil soles) para la campaña de la revocatoria o, en todo caso, saber quién la persona jurídica o natural que estuvo al frente de la recaudación.
En sus respuestas, Villarán dijo que ella no tuvo que ver directamente y que el apoyo económico y las actividades realizadas provinieron de decenas de instituciones, asociaciones, colectivos que se formaron para la campaña del “no”, de empresas, vecinos, simpatizantes e incluso de partidos políticos que apoyaron económicamente. Ella no estuvo en la recaudación, remarcó.
Respecto a los proyectos viales, la ex alcaldesa informó que el Proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac estuvo a cargo de la empresa OAS, concesión que fue concertada en la gestión del alcalde Castañeda en noviembre de 2009. Incluía la construcción de 10 viaductos, 21 kms de vía, la interconexión de once distritos y un túnel de 2 km debajo del río Rímac. El 65% sería concesionado por 30 años a un costo de 500 millones de dólares.
El proyecto Nuevas Líneas de Lima fue entregado al consorcio Líneas Viales de Lima y Rutas de Lima SAC (Odebrecht), a un periodo de 30 años. El pago del peaje se realizaría al 35% de ejecutada la concesión, con ingresos de 80 millones de soles anuales. Esta obra permitiría extender las salidas por la Panamericana Norte y Sur y la ampliación de la carretera Ramiro Prialé (115 kms de vía y 36 obras de infraestructura vial).
Villarán informó en su exposición que los trabajos tuvieron la aceptación del Ministerio de Transportes y no requirieron de la aprobación del Ministerio de Economía porque fueron trabajos realizados íntegramente por capitales privados.
Las preguntas de los congresistas estuvieron dirigidas también a conocer sobre un presunto financiamiento que habría recibido la alcaldesa por parte de la empresa OAS en el proceso de revocatoria, la actuación de los altos funcionarios de la municipalidad metropolitana durante su gestión y de aquellos que participaron en la negociación de los dos proyectos viales, además de la participación de Luis Favre (ex asesor de la campaña presidencial de Ollanta Humala) en la campaña por el “no”.
Respondiendo a las preguntas de Karina Beteta y Mauricio Mulder, Susana Villarán reiteró que no recibió dinero de representantes de las dos empresas brasileñas y en el caso de los exfuncionarios de su gestión respondió que no conoce información oficial de que ellos hayan cometido algún delito, ningún sentencia firme expedida por el Poder Judicial. Hasta ahora no hay pruebas, enfatizó. Dijo más adelante que algunos de esos funcionarios fue gente de confianza en su gestión y elegidos por ella en base a sus conocimientos y capacidades.
Sobre la participación de Favre, dijo que lo conoció en el 2012 y que ella no le pagó por la asesoría, sino los responsables de la campaña pagaron a la empresa FX 432 mil soles por mes y medio de trabajo.
En otro momento, afirmó que no conoce a muchos de los representantes de empresas extranjeras que operan en el país y aclaró, ante otra pregunta, que postergó las modificaciones del contrato de concesión de Línea Amarilla hasta el inicio de su gestión (2011) porque aquel era lesivo a los intereses de los pobladores.
Villarán se comprometió a hacer llegar por escrito a la comisión investigadora las respuestas a inquietudes más concretas que se hicieron durante el interrogatorio, entre ellas los gastos de campaña por el “no”.
