Gracias a informe de Contraloría
El Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Puno sentenció a cinco ex servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Azángaro a cuatro años de prisión suspendida por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible.
La sentencia judicial se sustentó en el informe especial N°418-2009-CG/ORPU-AR, emitido por la Contraloría General de la República. En el documento se evidenció irregularidades en el proceso de selección para la adquisición de seis tractores agrícolas y seis arados, afirma la Contraloría.
Tras la revisión y análisis de la documentación se advirtió un interés de los trabajadores públicos que intervinieron en el proceso de selección para favorecer a la empresa IPESA S.A.C y la inaplicación de penalidades, generando un perjuicio económico ascendente a 106,260 soles a la entidad.
El Comité Especial del municipio, el cual estuvo integrado por estos servidores públicos, habría tomado directamente la cotización presentada por la empresa IPESA S.A.C., para determinar las características técnicas requeridas del bien a adquirir, orientándolo a lo ofertado por dicha empresa.
Asimismo, en la formalización contractual se tuvo la participación directa del titular de la entidad y de la jefatura de administración, quienes omitieron el plazo máximo y los requisitos señalados en las bases para suscribir el contrato, no cautelando su cumplimiento, ni exigiendo la aplicación de penalidades expresamente pactadas.
Los servidores sentenciados son: Rubén Pachari Inofuente, exalcalde, Juan Bautista Zapana Inquilla, jefe de la Oficina General de Administración ambos de la Municipalidad Provincial de Azángaro; asimismo, Juan Carlos Llanqui Chaiña, Elvin Casimiro Arias Mormontoy, Julio César Chávez Pacheco todos miembros del Comité especial de Licitación Pública.
El Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Puno impuso la condena de pena privativa de libertad de cuatro años, con carácter suspendida, así como el pago de una reparación civil de 131,260 soles en forma solidaria en favor del Estado Peruano, específicamente de la Municipalidad provincial de Azángaro, representado por la Procuraduría Publica de la Gerencia Regional de Control de Puno.
(fuente: Andina)
