Con penas de dos y cuatro años
Después de vencer un cuarto intermedio, fue aprobada la propuesta que plantea que el funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa.
En esa línea, quien acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas, según el texto sustitutorio de la iniciativa que propone modificar el Código Penal, con la finalidad de reprimir las conductas que afectan los principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza Castillo, (PL), indicó que el 24 de noviembre del año en curso la propuesta, de autoría del congresista Jorge Montoya Manrique, (RP), fue debatida ampliamente y sometida a un cuarto intermedio para dar paso a un texto sustitutorio.
La aprobación en la primera votación registró 92 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones.
Una nueva consulta para exonerarla de segunda votación resultó con 94 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones, con lo cual quedó expedita para ser promulgada por el presidente de la República.