Desde Moyobamba, San Martín
- Magistrada suprema Janet Tello Gilardi inaugura Encuentro Macrorregional por Bicentenario de este mecanismo judicial
La justicia de paz constituye un pilar fundamental en el servicio de impartición de justicia para garantizar el acceso de esta a favor de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, que son las que más lo necesitan.
Así lo enfatizó la jueza suprema Janet Tello Gilardi tras declarar inaugurado el Encuentro Macrorregional de San Martín por el Bicentenario de la Justicia de Paz, realizado en Moyobamba, región San Martín.
“Las juezas y jueces de paz constituyen piezas fundamentales en el servicio de impartición de justicia, sobre todo en zonas donde no llegan otras autoridades del Estado”, señaló la magistrada.
En nuestro país existen más de 5 mil juezas y jueces de paz, autoridades repartidas en localidades remotas alto andinas, nativas y de otros lugares inhóspitos del territorio nacional, de las cuales 188 corresponden a la región San Martín y a la provincia del Alto Amazonas (Loreto).
Tello Gilardi sostuvo que, a lo largo de dos siglos, la justicia de paz ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la paz, la convivencia pacífica y la administración de justicia en las zonas alejadas y rurales del Perú.
Como se recuerda, la justicia de paz fue establecida en 1823, poco tiempo después de declarada la Independencia, cuando el diputado liberal José Faustino Sánchez Carrión y otros tribunos proponen la flamante figura del juez de paz.
En noviembre de aquel año la justicia de paz es incluida en la Constitución Política, donde alcaldes y regidores son investidos como jueces de paz, cumpliendo a la vez funciones de conciliadores extrajudiciales y de jueces de causas menores.
TRABAJO ARTICULADO
Durante su presentación en el encuentro, Tello Gilardi señaló que la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, a través de sus eje de interculturalidad, trabaja de manera coordinada diversas actividades con la Oficina Nacional de Justicia de Paz e Indígena (Onajup).
Así, remarcó que, del 2019 al 2022, incluso durante pandemia por la covid 19, la comisión ha beneficiado a más de 1 mil 500 juezas y jueces de paz con cursos y talleres en la línea de la Ley 29824 (Ley de Justicia de Paz).
La magistrada señaló que estas autoridades tienen legitimidad social porque, como miembros de la comunidad, fueron elegidas por voto popular y tienen competencia para resolver casos de alimentos, conflictos patrimoniales, así como casos de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar.
Agregó que podrían articular su labor con las orientadoras judiciales, lideresas comunitarias que de manera gratuita y voluntaria trabajan por el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.
En el encuentro macrorregional, en el que fueron reconocidos los 188 jueces y juezas de paz de la jurisdicción, participaron el presidente anfitrión de la Corte de San Martín, Walter Francisco Ángeles Bachet, así como otras autoridades judiciales y regionales.
