Par mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad
Los jueces y juezas que conforman las salas penales de la Corte Suprema de Justicia establecieron nuevos criterios jurisprudenciales para contribuir a juzgar y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia y al crimen organizado, acorde con el contexto de grave inseguridad ciudadana que vive el país.
Fue a través del IV Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, y del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que congregó a los magistrados/as de los citados órganos jurisdiccionales.
En este evento jurídico se fijaron nuevas pautas interpretativas en dos temas jurídicos, que las juezas y los jueces de todos los niveles de la Judicatura deben invocar cuando estén frente a este tipo de casos.
Uno de los temas analizados en este pleno jurisdiccional es: “Determinación judicial de la pena de concurrir tentativa en los delitos con circunstancias agravantes específicas; y alcance de la bonificación procesal por el plazo razonable: precisiones al Acuerdo Plenario n.° 1-2023/CIJ-112”.
En este tópico, los jueces y juezas supremos fijaron criterios jurisprudenciales consolidados para diferenciar los delitos “especialmente graves”, “graves” y “menos graves”.
También hace referencia que la Ley n.° 32258, del 14 de marzo del 2025, modificó las reglas de disminución de la pena por tentativa en delitos como feminicidio, secuestro, robo con agravantes, extorsión, organización criminal, delitos contra la dignidad humana y delitos contra la libertad sexual.
Resistencia a la autoridad policial
El segundo tema es “La agravante en el delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial: precisiones al Acuerdo Plenario Extraordinario n.° 1-2016/CIJ-116”.
En este acuerdo plenario se hacen precisiones a las conclusiones de otro realizado el año 2016 relacionado con la interpretación de las sanciones contra ciudadanos que no respetan a la autoridad policial.
“En la actualidad asistimos a un incremento desmesurado de la criminalidad, sin precedentes en la historia nacional, en ese contexto también se vislumbra un rechazo e irrespeto a las autoridades por parte de algunos ciudadanos, lo cual ha condicionado el surgimiento de paradojas e incertidumbres relacionadas con el tema”, dice uno de los fundamentos del acuerdo.
Por ello, añade, es necesario aclararlas, sobre todo, porque no son compatibles con un Estado constitucional –en el que se debe forjar y consolidar el respeto a sus autoridades, que no solo actúan como personas comunes, sino también en condición de empoderados para imponer normas y sanciones.
Las conclusiones de los acuerdos están suscritas por los quince jueces supremos que integran los órganos jurisdiccionales penales de la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: Agencia Andina