La atención de los pasivos ambientales en el país debe comprender la salud de los ciudadanos y la aplicación de una política pública que permita que el problema de la remediación sea vista con seriedad y firmeza, dijeron en diferentes tonos los congresistas Marco Arana y Ángel Neyra .
Fue durante la sesión de trabajo que evalúa el Decreto de Urgencia 022-2020 que tiene como objeto fortalecer la atención de los pasivos ambientales ubicados en el ámbito continental y el zócalo marino del territorio nacional, generados por actividades productivas, extractivas o de servicios, excluyendo a las actividades de los subsectores de minería e hidrocarburos.
Además, tiene por finalidad prevenir y/o mitigar la afectación de los ecosistemas, así como proteger la salud de las personas y el ambiente, por la presencia de los pasivos ambientales ubicados en el ámbito continental y el zócalo marino del territorio nacional.
El congresista Ángel Neyra Olaychea sostuvo que es grave el problema de los pasivos ambientales y consideró que el tema no es una cuestión simple y no debe ser considerado como una cuestión de urgencia, sino que tenga que debatirse con amplitud en el próximo Pleno.
El parlamentario preguntó cómo se llegó a tener esos pasivos en el país, dónde están las sanciones penales a los infractores y cuál es la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios.
“Este tema tiene que ir al Congreso. En el interregno se solucionan en ese periodo los problemas, pero ni siquiera estará listo el reglamento”, afirmó tras señalar que las instituciones que tienen que velar por los derechos de la ciudadanía son cómplices de los que la contaminan.
“Es un pasivo ambiental lo que no es controlado y no es sancionado”, señaló el congresista y entregó a una representante de la OEFA su propuesta de ley nro. 3629 sobre una ley integral de residuos urbanos.
Por su lado, Arana Zegarra expresó su preocupación porque el DU en estudio da por supuesto que la remediación de pasivos en materia de minería y de hidrocarburos marcha bien y por lo tanto, lo que habría que hacer es extenderlo a otros sectores.
“Pero no es así. Por lo tanto, este DU debe extenderse a mejorarse la remediación de pasivos en el sector minero e hidrocarburos”, afirmó al tiempo de manifestar su preocupación para que se tome en cuenta los daños a la salud.
Arana saludó la intención del gobierno de trabajar por los temas ambientales, pero que su discrepancia es que eso “se hace con timidez y con falta de firmeza, sobre todo para garantizar derechos a la salud de las personas y también a un ambiente saludable”.
El legislador demandó seriedad en lo que se refiere a diagnóstico, identificación y presupuesto de los pasivos ambientales y no sea “un saludo a la bandera”, además de un registro de los afectados.
Entre los invitados a la sesión estuvo Nancy Chauca Vásquez, directora general de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien dijo que el DU en mención llena un vacío legal y que busca la identificación de los pasivos ambientales para abordar como Estado las acciones de prevención y tratamiento.
Por su lado, Christian Díaz Ruiz de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – (OEFA), indicó que el reglamento que debe aprobarse servirá para complementar y aplicar la norma y definir las responsabilidades que tendrá esa entidad.
En representación de la Sociedad Peruano de Derecho Ambiental (SPDA), Alberto Jara Palomino, planteó tomar en consideración como aspecto prioritario las zonas en riesgo cercanos a poblaciones de comunidades nativas, campesinas y los que requieren de conservación como áreas naturales protegidas, los de conservación regional, entre otros.
Pidió regular en el reglamento la remediación inmediata de un pasivo ambiental por parte de la entidad correspondiente, con cargo al responsable de remediar la afectación.
Lourdes de Fátima Contreras, también de la SPDA, consideró que es buen momento para explorar un marco de incentivos para el reaprovechamiento de pasivos para que muchos titulares puedan entrar a un mercado de remediación.
Rodrigo Lauracio, de la Red Muqui Nacional, reconoció que el dispositivo es un aporte frente a un vacío que existía, pero destacó que es importante el diagnóstico y la identificación de cada uno de los pasivos en determinadas zonas, como en las aguas que fluyen y contienen cadmio y arsénico y son consumidas por la población.
Con aplicación del DU, dijo, se contribuirá a una vida digna de las familias. Asimismo, se manifestó preocupado por el presupuesto que se requerirá y si serán suficientes los que establece el DU 2022-2020 para mitigar los daños que se vienen causando.
