La Comisión Permanente, con la conducción de la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, otorgó quince días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente su informe final respecto a siete denuncias declaradas procedentes.
Ello en cumplimiento al inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que señala que ese plazo “no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez”.
Una de ellas es la Denuncia Constitucional (DC) 244, formulada por el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra Monteverde, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias, contemplados en los artículos 397 y 400 del Código Penal, respectivamente.
Votaron a favor 23 legisladores y hubo 3 abstenciones. Previamente, fue rechazada la cuestión previa del congresista Fernando Meléndez (APP) para que esta denuncia regrese a la subcomisión para su estudio. Nueve legisladores se pronunciaron a favor, quince en contra y hubo una abstención.
Luego, por unanimidad (26 votos) se dio el mismo plazo para la DC 376, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en contra del exjuez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, César Hinostroza Pariachi, por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico, tipificado en el artículo 398 del Código Penal.
También, la DC 374 fue formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en contra del excontralor general de la República, Édgar Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393 del Código Penal; y contra los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal.
Respaldaron esa decisión 22 legisladores, y hubo 5 abstenciones.
También la DC 258 estuvo formulada por el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, en contra de la excongresista Marita Herrera Arévalo, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica previsto en el artículo 428 del Código Penal (25 a favor, 0 en contra y 1 abstención).
Además, la DC 290 fue formulada por la excongresista Yeni Vilcatoma de la Cruz en contra de Martín Vizcarra Cornejo en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución. La decisión se tomó por 25 votos y 2 abstenciones.
PROCEDENTES EN UN EXTREMO
De otro lado, también se otorgó quince días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente su informe final respecto a dos denuncias que fueron declaradas procedentes en un extremo. Ellas son las siguientes:
La Denuncia Constitucional 319 fue formulada por los excongresistas Edmundo Del Águila Herrera, Paloma Noceda Chiang y Armando Villanueva Mercado contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (por 26 votos y 1 en contra).
Y la DC 352, que fue formulada por la excongresista Rosa Bartra Barriga contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y contra el exministro de agricultura, Juan Manuel Ramos Benites, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal (por 27 votos).
Cabe indicar que el segundo párrafo del inciso d) del artículo 89 del Reglamento precisa que “el plazo antes referido se computa a partir del día siguiente de la sesión en la que el Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales toma conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión Permanente”.