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Perú y China suscribieron el 2009 un Tratado de Libre Comercio (TLC) y actualmente ambos países vienen negociando su optimización. Hecho que ha sido visto como una oportunidad por la sociedad civil con el fin de que se incluya en el tratado un Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, como el que Perú tiene suscrito en sus acuerdos comerciales con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Título mediante el cual ambas partes velen por el respeto del derecho a la protección del medio ambiente, así como de los derechos laborales, temas sensibles en la actividad minera en el país.
Solo cuatro empresas mineras de capitales chinos en el Perú representan más de 17 mil millones de dólares en inversión en el sector minero: Las Bambas en Apurímac, Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco Cooper en Piura. Estas cuatro empresas chinas han sido denunciadas ante la ONU el 2018 por graves violaciones de derechos humanos. Julia Cuadros, Directora de CooperAcción y especialista en minería y problemática ambiental en Perú, comenta que si bien estas violaciones ocurren como consecuencia de la debilidad de nuestras instituciones, son responsables también las empresas y los Estados de donde estas provienen. En estos casos, la República Popular China debería contar con mecanismos para vigilar y controlar que sus empresas no violen derechos en el territorio donde operan.
“Lamentablemente las empresas que invierten en nuestros países, en la medida en que nuestras legislaciones nacionales y nuestros marcos institucionales sean débiles, se aprovechan de esa situación y violan derechos. El tema está en que la violación de derechos no es solo responsabilidad de quien viola directamente, sino también de los Estados a los que responden esas empresas”, menciona Cuadros.
La República Popular China tiene obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, y está obligada por una serie de estándares internacionales y domésticos que la obligan a proteger el medio ambiente y los derechos laborales y sindicales. Razón más que suficiente para que se incluya en el acuerdo comercial entre China y Perú una cláusula que proteja los derechos laborales y el medioambiente.
A lo anterior se suma la posición favorable que la República Popular China manifestó respecto de las recomendaciones que recibió en el Examen Periódico Universal que rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 2018. Oportunidad en que China acogió 284 de las 346 recomendaciones que le fueron sugeridas por decenas de países; y aceptó específicamente, entre otras, dos recomendaciones de las misiones diplomáticas de Ecuador y Perú en Ginebra, que pidieron al Estado chino, respectivamente:
– “Promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructuras dentro y fuera de su territorio sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y
– “Considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero.”
“Para llevar a la práctica las recomendaciones formuladas por Perú y aceptadas por China el año pasado, lo que exigen las organizaciones no gubernamentales es que se integre en la versión optimizada del acuerdo comercial un Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible mediante el cual, ambas partes, se comprometan formalmente a garantizar que ambos Estados contratantes velen por el respeto del derecho la protección del medio ambiente, así como de los derechos laborales de ambas partes, en el marco de las relaciones comerciales entre ambos países”, sostiene Javier Mujica, miembro directivo de Perú EQUIDAD, que forma parte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente.
Para Mujica, esta nueva cláusula en el TLC Perú China podría frenar por ejemplo la violación de derechos laborales de la empresa china Shougang Hierro Perú, establecida en nuestro país desde el año 1992. Como se sabe Shougang Hierro Perú acumula múltiples denuncias por vulneración de derechos laborales o la existencia de condiciones de trabajo precarias, prácticas antisindicales o remuneraciones por debajo del promedio de la gran minería, etc. Debido a lo cual, desde hace 17 años, anualmente sus trabajadores se ven obligados a realizar huelgas indefinidas por sus derechos.
“Según informes publicados, se trata de una empresa con un cuestionable récord en materia laboral, destacando los problemas que se viven en la empresa respecto de los derechos de asociación sindical y negociación colectiva”, sostiene Javier Mujica.
Tomando en cuenta el historial de vulneraciones cometidos por estas empresas, así como las negociaciones entre China y Perú iniciadas el primer trimestre del año pasado para optimizar su Tratado de Libre Comercio, distintas organizaciones no gubernamentales vienen impulsando un debate sobre la posibilidad de establecer en dicho tratado un marco jurídico que garantice el respeto a los derechos humanos en el Perú por parte de industrias de capitales chinos.
Marco en el que organizaciones como Perú EQUIDAD, CooperAcción y la Plataforma de la Sociedad Civil Sobre Empresas y Derechos Humanos han presentado solicitudes ante el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, para exponer y sustentar dicha propuesta. De ser atendida y aceptada, existirían garantías para que empresas como Shougang, Las Bambas MMG, Chinalco y Zijin Río Blanco Cooper, cumplan y respeten los derechos laborales y medioambientales en el Perú.