Asegura asociación civil Vigilancia Ciudadana.
La Asociación Civil Vigilancia Ciudadana dio cuenta de que, a la fecha, no existen partidos políticos que hayan sido sancionados por un mal uso del financiamiento público directo que perciben, pese a haberse detectado irregularidades.
«No existe un partido sancionado por un mal uso del financiamiento público directo y eso nos está diciendo que algo hay que ajustar en los procedimientos«, dijo Margarita Díaz, directora ejecutiva de la ONG, durante el evento «Herramientas de investigación del financiamiento público directo a partidos políticos: casos concretos».
La asociación alertó que aún existe discrecionalidad en el uso del financiamiento público, lo que causa que se tenga mayor dificultad para constatar los gastos, compras, contrataciones u otros que se declaran ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
«En todos los casos lamentablemente encontramos deficiencias en el manejo de los recursos«, añadió.
Díaz señaló que no existen parámetros en las contrataciones como establecer un tope máximo a los pagos que se realicen a proveedores de servicios.
En cuanto a casos concretos, indicó que Perú Libre destinó más de S/ 129,000 durante el 2022 al líder de su partido, Vladimir Cerrón, pese a haber sido condenado por corrupción. Del mismo modo, Fuerza Popular, contrató con procesados por lavado de activos.
También se dio cuenta de documentos ilegibles de Renovación Popular que la ONPE sí ha considerado como «presentado», pese a que la información sobre la rendición de cuentas no se puede leer.
Por otro lado, Somos Perú adquirió un vehículo por más de US$ 30,000 con el financiamiento público, además de haber contratado un solo proveedor por casi S/ 1 millón.
Mientras que Podemos Perú y Partido Morado contrataron con quienes fueron sus candidatos en recientes comicios. Avanza País contrató con empresas encargadas de brindar capacitaciones pero que fueron constituidas solo meses o semanas antes de que se dicten los servicios. Asimismo, se verificó que las direcciones de dichas compañías no son exactas dado que operan otros negocios.
«Esto es un caso que merece ser reflexionado para una mejora normativa, para una mejor capacitación a los partidos en asistencia técnica, para que puedan gastar mejor los recursos e invertirlo para que realmente pueda dar resultados«, puntualizó Díaz.
Fuente: Agencia Andina