La Mesa Directiva del Congreso anulará, a fin de que no sean usados posteriormente, los dos acuerdos de la gestión anterior que permitieron el pago de una bonificación a los legisladores del Congreso disuelto, e iniciará una revisión de otras decisiones administrativas dadas durante el interregno parlamentario.
“Esta Mesa ha tomado la determinación de pedir una investigación profunda para averiguar quiénes son los responsables de haber realizado dichos pagos sin dar a conocer a la Mesa Directiva”, enfatizó Merino.
El vicepresidente Aliaga Pajares adelantó que los acuerdos de Mesa 120 y 122, serán anulados, a fin de no ser usados posteriormente como precedentes.
“Esta situación no fue generada por esta Mesa Directiva, y va ser resuelta el día de hoy. Se ha solicitado a los otros dos señores vicepresidentes para dejar sin efecto dichos acuerdos, porque esta situación usada por la Mesa Directiva 2019-2020, podría transcender en el tiempo”, señaló Aliaga Pajares.
ASUMIR RESPONSABILIDAD
Merino De Lama dijo que el área de Recursos Humanos está haciendo el seguimiento de los pagos que han sido ajenos a la administración actual. Aseguró que se ha dado las indicaciones pertinentes para que “no haya otras sorpresas” en adelante, en referencia a la decisión de revisar las medidas administrativas durante el interregno.
“Hemos asumido una Mesa del Congreso en momentos difíciles, con el 60 % del personal haciendo trabajo desde casa, lo que ha dificultado la revisión de todos los acuerdos de mesa que se tomaron durante el interregno”, señaló Merino De Lama.
Además, subrayó que de haber responsabilidad de los miembros de la Mesa Directiva anterior tendrán que asumir tal como corresponde. Para eso el organismo de control del propio Parlamento realizará las investigaciones.
“Nosotros no podemos permitir que se pretenda involucrar a esta Mesa Directiva en estos pagos que tendremos que ver si son irregulares o no. Rechazamos que se tengan que hacer acuerdos de mesa de esta naturaleza”, puntualizó.
Por su parte el segundo vicepresidente de Congreso, Guillermo Aliaga, dijo que se está evaluando respecto de la constitucionalidad de los acuerdos de la gestión de Pedro Olaechea.
Explicó que el Tribunal Constitucional ya estableció que el Congreso pasado fue disuelto constitucionalmente y la sentencia precisaba que la Comisión Permanente funcionaba como un Congreso disminuido, es decir, “no había Mesa Directiva y sus acuerdos tal vez podrían haber tenido el viso de inconstitucionalidad”.