Continúa la avanzada de la Corte sobre Cristina Kirchner: allana el camino para el juicio de “Hotesur-Los Sauces”
Tras allanar el juicio en el caso Memorándum hace dos semanas, ahora la Corte, en uno de los últimos votos de Juan Carlos Maqueda como juez supremo, rechazó los recursos de queja de Cristina Kirchner y dejó todo preparado para que el caso Hotesur-Los Sauces también sea elevado a debate oral. Entre los acusados se encuentra el diputado Máximo Kirchner. Mientras, la condena de Vialidad se acerca al Tribunal Supremo y Comodoro Py ya fijó fecha de juicio en el caso Cuadernos. Lawfare al palo luego de que la expresidenta asuma al frente del PJ y analice postularse a futuras elecciones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa su nueva avanzada política-judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y este lunes allanó el camino para la realización del juicio en la causa Hotesur/Los Sauces. Este expediente, en que todos los acusados habían sido sobreseídos por el TOCF Nº 5 en noviembre de 2021, fue reabierto en septiembre de 2023 por dos jueces designados por Mauricio Macri en la Cámara Federal de Casación Penal. Algunas defensas, entre ellas la de CFK y el diputado Máximo Kirchner, habían presentado recursos extraordinarios contra esa decisión para acceder a la Corte, que no fueron concedidos por la Casación. Este lunes, la Corte rechazó los recursos de queja con los que se pretendía que el Tribunal Supremo revisara lo resuelto por el máximo tribunal penal del país. Así, la decisión de Casación quedó firme y el debate oral y público a un paso de realizarse.
La resolución firmada por los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti está en sintonía con lo informado por El Destape el 8 de diciembre pasado: que la Corte agitó la bandera de largada de la nueva fase de persecución contra CFK tras su decisión de elevar a juicio la causa Memorándum con Irán, donde también está involucrada las dos veces expresidenta.
La Corte, que no tiene plazos para expedirse sobre los casos que tiene en su poder, decidió el 5 de diciembre pasado allanar el camino para que se eleve a juicio a Cristina en la causa Memorándum, que se inicia con una denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman. Ese día era el aniversario del natalicio del extitular de la UFI AMIA. El mensaje político-judicial cortesano en una pesquisa emblemática del lawfare fue contundente. Además, esa misma jornada también confirmó que dos jueces que condenaron a CFK en el caso Vialidad integren el tribunal de ese debate oral y público. En Comodoro Py entonces aceitaron los engranajes de la persecución. El 6 de diciembre, es decir, al día siguiente de las resoluciones cortesanas, el TOCF 7 fijó fecha de juicio en el «caso Cuadernos», donde está acusada CFK, y tres jueces designados por Macri en la Cámara Federal porteña ordenaron reabrir una pesquisa contra la exvicepresidenta para analizar su patrimonio. Diez días más tarde, la avanzada continuó con el caso Hotesur/Los Sauces.
La Corte decidió resolver los casos que involucran a CFK antes de que cambie su composición. El próximo 29 de diciembre, Maqueda deberá dejar el tribunal al cumplir 75 años, la edad límite que tiene un juez para jubilarse. Desde aquella fecha, el Alto Tribunal quedará con tres integrantes y requerirá de una mayoría de tres votos –es decir consenso absoluto- para poder emitir fallos. Sino tendrá que convocar conjueces. Está claro que los supremos decidieron apurar los casos que hacen a Cristina antes de la partida de Maqueda. Tras su salida puede cambiar la relación interna en el máximo tribunal del país. El gobierno postuló al juez de Comodoro Py Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla, cuyos pliegos se encuentran en el Senado. Por ahora no tienen el visto bueno del bloque del PJ en la Cámara alta, que pretende abrir una negociación para sumar sus votos, necesarios para alcanzar los dos tercios de las voluntades que se requieren para nombrar a un juez de la Corte. Milei adelantó que si no se aprueban sus pliegos podría nombrar a sus dos postulantes por decreto.
En este contexto, pronto llegará al Tribunal Supremo el caso Vialidad, donde CFK fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto implica que en un corto plazo, la Corte tendrá la libertad de Cristina en sus manos.
CFK a un paso del juicio en Hotesur/Los Sauces
Este lunes, los jueces supremos desestimaron recursos de Cristina, Máximo Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia en la causa “Hotesur /Los Sauces” y dejaron firme la sentencia de la instancia anterior que revocó su sobreseimiento por lo que allanaron el camino hacia el juicio oral. Lo hicieron por cuestiones de forma y no se adentraron en la cuestión de fondo del caso. La decisión fue más política que jurídica. Sobre todo si se tiene en cuenta que la Corte no tiene plazos para expedirse y decidió hacerlo 13 días antes de la jubilación de Maqueda.
La decisión fue unánime pero los supremos votaron de forma distinta. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda conformaron uno de sus últimos votos conjuntos, que desarrollaron a lo largo de 13 páginas. Lorenzetti se expresó aparte y en apenas siete líneas. Dijo “que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”. De esa forma, rechazó los planteos.
Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, coincidieron aunque fueron más amplios. Dijeron que “para la admisibilidad del recurso extraordinario federal se exige que este se dirija contra una sentencia definitiva o equiparable a tal por producir un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior (…). Tal recaudo de admisibilidad formal es previo al análisis de los agravios de fondo traídos por el apelante y no puede ser suplido por la invocación de la vulneración de garantías de orden constitucional ni de la arbitrariedad del pronunciamiento”.
En esa sintonía, afirmaron que “la defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal, y no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte”. También señalaron que “los recurrentes no han demostrado que la decisión apelada ocasione un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”. Ni que se incurra en un hecho de “gravedad institucional”. Todos argumentos formales para rechazar la queja y así no abrir el caso y poder allanar el camino de CFK hacia un nuevo juicio oral.
Las defensas a las que contactó El Destape afirmaron a este medio que a pesar de la resolución cortesana aún restan pasos muy relevantes para la causa previo a que se fije una fecha para el juicio. Explicaron que tras la decisión de los supremos debe reanudarse la instrucción suplementaria. Y que hay una pericia contable que se tiene que culminar. En esa pericia se analiza si el dinero de las operaciones cuestionadas están bancarizadas, si se hicieron con transferencias, si tienen soporte con facturas, etc. Además de que faltan respuestas a algunos oficios.
“Se tiene que fijar fecha de audiencia. El Código dice que solo se puede fijar la fecha una vez culminada la instrucción suplementaria, pero en Comodoro Py ignoran esa norma. Ya hicimos planteos que fueron ignorados”, afirmaron desde el entorno legal de CFK.
Hotesur/ Los Sauces, otro caso paradigmático de persecución
La causa Hotesur / Los Sauces es una investigación que apunta a un presunto lavado de activos y pago de dàdivas. El núcleo de la causa Hotesur-Los Sauces son los contratos de alquiler que un grupo de empresarios pagó por propiedades de la familia Kirchner. La empresa de Lázaro Báez, por ejemplo, alquilaba al hotel Alto Calafate y otros hoteles menores. Mientras que dos departamentos en Puerto Madero eran rentados por empresas del Grupo Indalo. Según los acusados, todo estaba en regla y los pagos se hacían en blanco. Para los acusadores detrás de esa maniobra se escondían distintos delitos. No obstante, las imputaciones contra CFK son difusas. El cuestionamiento está centrado en los alquileres, a través de los cuales -según la acusación- se habría articulado la maniobra de lavado de activos. En términos jurídicos, por falta de pruebas contra CFK, se repitió el esquema de otras causas: se la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita “conformada por otros funcionarios públicos” y empresarios “que actuó en forma estable y permanente por más de doce años” para apoderarse de fondos públicos mediante “la defraudación al Estado Nacional y el lavado de dinero”.
En este caso, la acusación del Ministerio Pública Fiscal es que la maniobra defraudatoria al Estado se realizó a través de la obra pública vial, con la que supuestamente CFK beneficiaba a “empresarios amigos”, lo que luego generaba un “retorno” a través “de distintas maniobras de lavado de activos basadas en la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”. Nada pudo probarse por falta de sustento de la pesquisa y la defensa de CFK pidió su sobreseimiento, que finalmente resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 (TOCF 5) en un fallo dividido antes de que se iniciara el juicio.
Dos años después de lo resuelto por el TOCF 5 y en plena campaña electoral, los camarista nombrados por Macri en Casación, Daniel Petrone –íntimo amigo de Germán Garavano- y Diego Barroetaveña –mencionado en el chat del viaje a Lago Escondido-, revocaron lo resuelto por el TOCF 5 el 26 de noviembre de 2021 e hicieron lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal: ordenaron que se reabra la causa Hotesur-Los Sauces. La decisión alcanzó a todos los imputados entre los que se encuentran no solo Cristina sino también Máximo Kirchner, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez, entre otros. La única salvedad fue Florencia Kirchner, a quien le dejaron firme el sobreseimiento porque era menor de edad al momento de los hechos.
Para evitar que el TOF 5 mantenga su postura de sobreseer a los acusados, Petrone y Barroetaveña resolvieron apartar de esta causa a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes habían conformado el voto de mayoría para cerrar el caso. Solo dejaron en el tribunal a quien votó en disidencia, Adriana Palliotti. La razón que esgrimieron fue “temor de parcialidad”. Se los apuntó por “prejuzgar”.
Este lunes, la Corte dejó firme lo resuelto por Casación y un nuevo juicio contra CFK asoma en el horizonte. Se suma a Memorándum con Irán y Cuadernos. Mientras la condena de Vialidad se prepara para llegar al Alto Tribunal. Un final de año con el lawfare al palo justo cuando la expresidenta asumió al frente del PJ y suena como posible candidata.
La Corte se encamina a salvar a Mauricio Macri en el caso Correo
El tribunal tiene listo para resolver un caso que puede habilitar a que los Macri no paguen nunca más la multimillonaria deuda que tienen con el Estado desde el 2001.
La Corte Suprema se encamina a salvar a Mauricio Macri en el caso Correo Argentino. Un próximo fallo que dejaron trascender desde el máximo tribunal tendrá como consecuencia que los Macri no paguen la multimillonaria deuda que mantienen con el Estado desde hace más de 23 años, la principal preocupación judicial del ex presidente ya que esto podría llevarlo a él y su familia a la quiebra.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti le harán el favor de su vida a Macri de forma indirecta, en un caso donde sentarán un precedente favorable a la última maniobra de los Macri para no pagar su deuda: el pedido de que el expediente pase de la Justicia Nacional, donde está desde el 2001 y le decretaron la quiebra recién en 2021, a la Justicia porteña, cuyo funcionamiento el ex presidente maneja sin resquicios de jueces o fiscales díscolos. Con esa mudanza del expediente los Macri lograrán la garantía de no pagar nada, ya que si tienen injerencia en toda la Justicia adentro de los límites de la General Paz es prácticamente obediencia total.
La Corte ya benefició a Macri con el paso del tiempo: hace 3 años que tiene el caso Correo y no lo resuelve. Por ende, los Macri siguen sin pagar la deuda que tienen con el Estado desde el 2001, cuando anunciaron que no pagarían más el canon por la concesión del servicio postal que les había otorgado Carlos Menem. Eran 296 millones de pesos/dólares de entonces. Nunca pagaron un centavo y contaron con un Poder Judicial cómplice para evadir esa deuda hasta hoy. Ahora, si la Corte les habilita la mudanza del expediente, los Macri podrán evadir pago de su deuda todo lo que los habiliten los tribunales porteños, el terruño que controlan sin fisuras.
Levinas y letrinas
El caso que pude usar la Corte para favorecer a Macri involucra al marchand y panelista televisivo Gabriel Levinas, denunciado por la familia del artista León Ferrari. Levinas recibió 15 cuadros de Ferrari en 2008 para exponerlos en una galería parisina pero solo devolvió cuatro. La familia Ferrari lo denunció y en su defensa Levinas dijo que los había vendido en Uruguay, que no recordaba el nombre del comprador y que el dinero de la venta tuvo que usarlo “por razones de urgencia”. O sea, les prestaron los cuadros, los vendió y se quedó con el dinero.
Levinas fue condenado en primera instancia por la jueza civil Virginia Siminari, sentencia confirmada por la Cámara Civil. Lo condenaron a pagar 88.000 dólares más intereses. Levinas hizo una jugada que luego copiaron los Macri: como no le gustó el fallo en su contra apeló ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño para sacar el expediente de la órbita nacional y pasarlo a CABA.
Los Macri hicieron lo mismo y peor. Desde 2001 hasta 2021 el caso estuvo en la Justicia Nacional en lo Comercial, donde varias juezas, en especial la camarista Maria Lilia Gómez Alonso, fueron garantes de que no pagaran nada durante esas dos décadas. Finalmente en 2021 la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo y ahí los Macri activaron la maniobra para sacar el expediente de los tribunales donde estuvo cómodo 20 años y pasarlo a otro más cómodo por muchos años más.
El caso Levinas llegó hasta la Corte, que le pidió opinión al procurador interino Eduardo Casal. “No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad” escribió el interino Casal. Pero la opinión no es vinculante y desde la Corte se preparan para firmar un fallo que diga exactamente lo contrario.
El caso Correo siguió el derrotero del caso Levinas. Cuando, luego de 20 años de demoras con complicidad judicial, los Macri tuvieron finalmente un fallo en contra que decretó la quiebra de Correo y que abrió la posibilidad de que la deuda la pagaran sus accionistas, maniobraron para que el caso se mude a la Justicia porteña y no pagar un centavo.
El TSJ porteño obviamente les abrió las puertas y la disputa terminó también en la Corte. El procurador interino Casal fue coherente y en el caso Correo dijo lo mismo que en el caso Levinas: que la Justicia porteña no tiene competencia en una causa de la Justicia Nacional.
Pero la clave la tiene la Corte. Si resuelve que el caso Levinas pase a la Justicia porteña, en el caso Correo va a pasar lo mismo. Y peor: para resolverlo se remitirán al caso Levinas como precedente sin más justificación. La Corte podría tomar directamente el caso Correo en lugar del caso Levinas, ya que no resuelve por orden de llegada sino por sus intereses. Pero si lo hace a través del caso Levinas, se evita luego dar explicaciones por escrito en el expediente de Macri.
Si el expediente Correo pasa a la Justicia porteña los Macri no pagarán nunca su deuda con el Estado. Huele como una letrina.
Más macrista que Justicia porteña
El TSJ porteño lo preside Inés Weinberg, que fue la candidata de Mauricio Macri para ocupar la Procuración General de la Nación una vez que la alianza entre Cambiemos, Clarín, Comodoro Py y los estudios de abogados de la city porteña forzaron la renuncia de Alejandra Gils Carbó. También lo integra Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en la era Macri y alfil del lawfare. Lo completan Luis Lozano, el más alineado con la derecha local y tejedor en las sombras de los rumbos del TSJ porteño, Alicia Ruiz, acaso la más disidente del grupo, y Marcela De Langhe, designada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta pero con el padrinazgo del radical Daniel “Tano” Angelici, uno de los hombres que controlan hasta el último escribiente que ingresa a la Justicia porteña en equilibrio con otros operadores peronistas. No importó que tuviera una denuncia por cobrar como jueza y como funcionaria de Larreta a la vez, algo incompatible.
El fiscal general de la ciudad es Juan Bautista Mahiques, el armador del lawfare durante la presidencia de Macri. Así que Macri tiene satisfacción garantizada en el TSJ y la fiscalía general.
La sintonía entre el TSJ porteño y Macri es más que evidente. De hecho, tal como informó El Destape, los miembros del TSJ crearon un área nueva bajo su órbita a medida del caso Correo. El TSJ creó una Secretaría Judicial de Asuntos Originarios cuya tarea es resolver cuestiones vinculadas a la competencia. ¿Cuándo la crearon? Justo cuando la familia Macri planteó la cuestión de competencia para que el caso Correo pase de la Justicia Nacional a la porteña.
La cronología es clara. El 19 de febrero de 2021 los Macri llegaron al TSJ con su pedido para pasar el caso a la ciudad; el 3 de marzo el TSJ creó la Secretaría Judicial de Asuntos Originarios; el 10 de marzo pasaron el caso Correo a esa Secretaría a medida.
Carambolas cortesanas
El movimiento de la Corte tiene muchas lecturas. No se explica por una cuestión legal, ya que hace años que tienen los casos Levinas y Correo para resolver.
Es evidente que, por un lado, es parte del paquete de casos de relevancia política que Rosatti y Rosenkrantz quieren tener resueltos con la actual conformación de la Corte, que tiene fecha de vencimiento el 29 de diciembre cuando Maqueda deje el tribunal. Mientras balizan el camino para que continúe la persecución contra CFK digitan el salvataje de Macri. Es un mensaje carambola a varias bandas, ya que una de las jugadas que pretenden bloquear es la llegada del juez Ariel Lijo al tribunal. Lijo prometió lealtad en las causas contra CFK: si la Corte las resuelve antes de su llegada lo deja sin un ítem clave de su negociación.
El juez Lijo tiene el caso Correo pero en materia penal, donde Macri está acusado por intentar condonar la deuda de su familia con el Estado cuando era Presidente. Ahora, si la Corte habilita que el caso por la deuda del Correo pase a la Justicia porteña la historia se terminó: el expediente nunca más se moverá y esa deuda no será problema para los Macri.
El principal opositor a la llegada de Lijo a la Corte es, curiosamente, Macri. ¿La Corte lo favorecerá a cambio de que el ex presidente mantenga firme su posición e intente con todos sus medios frenar la llegada de Lijo, que puede hacer tambalear el poder de Rosatti y Rosenkrantz en el tribunal? No se puede descartar. Tampoco que se filtrara la resolución de este caso que favorece a Macri para frenar esa negociación.
Sin embargo, si la Corte toma este camino que favorecer a Macri también tendrá que dar explicaciones hacia el interior del Poder Judicial. Según pudo reconstruir El Destape, el fallo Levinas estaba listo para la firma la semana pasada pero había un inconveniente: la agenda de eventos de fin de año del Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver? Sentar un precedente que diga que la Justicia porteña puede ejercer como superior de la Justicia Nacional que simplemente tiene domicilio en CABA es algo que genera mucho ruido entre jueces y fiscales nacionales. Los cortesanos tenían que asistir a los cierres de año de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales y, según indicaron en la Corte, eligieron posponer el tema. Desde un sector de la Corte afirman que el fallo sale el jueves, desde otro que esperarán un poco más; ambos confirman que sale. Depende de que Rosatti lo ponga arriba de la mesa en la reunión de acuerdos semanal.
Tanto ruido genera que la propia Sala B de la Cámara Comercial, que durante casi 2 décadas fue cómplice del letargo del expediente Correo y favoreció en todo lo que pudo a los Macri, rechazó esta opción. Lo resolvieron las juezas María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini. La que mandaba era Gómez Alonso, ya jubilada pero que igual asistió a la cena de la Asociación de Magistrados que llegó a presidir. Y aún poderosa, ya que su hija Agustina Díaz Cordero, jueza gracias a un concurso plagado de irregularidades, se sentó al lado de Rosatti en el agasajo.
Las juezas de la Sala B no eran las únicas. Los camaristas Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, de la Sala D, también escribieron que no reconocían “eficacia jurisdiccional alguna a la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos”. Lejos de acusarlos de kirchneristas, se trata de jueces alineados con el grupo Clarín y que en su momento fueron los que diseñaron la condena contra Víctor Hugo Morales a pedido de Héctor Magnetto. El rechazo de jueces y fiscales nacionales a tener como superior a la Justicia porteña atraviesa ideologías y negocios, con lo que la Corte daría una señal muy dura hacia adentro de sus filas.
Fuente: Agencia Nodal | El Destape
