Para adolescentes en conflicto con la ley penal
Nueve presidentes de cortes superiores del país y la jueza suprema Janet Tello Gilardi invocaron al Ejecutivo la asignación de recursos suficientes para ejecutar la Fase II del proyecto “Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de los programas de Justicia Terapéutica para Adolescentes, con consumo problemático de drogas, en conflicto con la ley penal en el Perú”.
Se trata de las máximas autoridades judiciales de las cortes de Puente Piedra-Ventanilla, Callao, Lima, Lima Este, Lima Norte, Ayacucho, Loreto, La Libertad y Huaura, quienes, a través de un acta de compromiso, respaldan de manera decidida la pronta implementación de la segunda fase del referido proyecto.
El acta fue suscrita durante el lanzamiento del proyecto realizado hoy en el que participó Tello Gilardi, como presidenta del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente (ETTI-CRPA), y funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos su representante en el Perú, Miguel Ángel Trinidad.
En el documento, las presidentas y presidentes de corte acordaron impulsar la capacitación permanente de magistradas y magistrados competentes en los procesos de familia, relacionados con adolescentes en conflicto con la ley penal, así como incorporar los equipos multidisciplinarios y administrativos que apoyan a la mencionada especialidad.
También dieron su compromiso para fortalecer una primera etapa del proyecto, correspondiente al presente año, en Puente Piedra-Ventanilla, así como su expansión en los distritos judiciales de El Callao, Lima Norte, Lima Centro y Lima Este, mientras que para el 2024 hacer lo propio en Ayacucho, Loreto, La Libertad y Huaura.
Cabe señalar que este proyecto es impulsado con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Embajada de Estados Unidos a través de su Sección de Antinarcóticos.
CIFRAS QUE ESTREMECEN
Tello Gilardi recordó que el proyecto se inició en mayo del 2019 como plan piloto en la Corte de Ventanilla con la finalidad de que juezas y jueces que juzgan procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal incorporen el tratamiento ‘desadictivo’ de forma simultánea a la ejecución de la medida socio educativa impuesta, para lo cual se aprobó una guía metodológica.
“Según esta guía, la principal característica de la mayoría de las/los adolescentes que ingresan al sistema de Justicia Penal Juvenil, es el consumo de drogas y alcohol, principal factor de riesgo para una posible reincidencia, ya que todo consumo, legal o ilegal, perjudica a los adolescentes, su familia y la comunidad”, remarcó.
La magistrada sostuvo que el 2016, de los 1 mil 160 de los adolescentes que ingresaban a los centros juveniles, 684 (59,0%) consumían algún tipo de drogas, la cifra se incrementó de a 973 de 1 mil 722 (56,5%), en tanto que a marzo del presente año pasó de 1 mil 765 de 3 mil 331 adolescentes.
“Estas cifras nos estremecen, puesto que un número importante de adolescentes que entran en conflicto con la ley penal y que están ejecutando una medida socio educativa dispuesta por un juez, sea de internamiento o en medio abierto, está creciendo”, alertó.
En otro momento, Tello Gilardi exhortó al Ejecutivo asignar los recursos para el inicio del Calendario Oficial de Implementación del CRPA, postergado hasta en tres oportunidades por carecer de los recursos para abrir la atención con el nuevo modelo procesal.
“Esto nos permitirá una mejora sustantiva en el proceso, con las garantías, la forma y oportunidad que los derechos de las y los adolescentes merecen”, subrayó la magistrada, quien también es presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.
SOBRE EL PROYECTO
Durante la ceremonia, Gabriela Huayanay, coordinadora local del proyecto, señaló que la ejecución de la Fase I empezó con capacitación, asistencia técnica y talleres sobre monitoreo y evaluación, a través de programas piloto en Lima Centro y Ventanilla, trabajo que continúa con el establecimiento de pilotos en otros distritos judiciales y fiscales.
Señaló que los criterios para escoger las zonas fue por su alto porcentaje de adolescentes que consumen drogas y que los distritos judiciales respectivos cuentan con infraestructura adecuada, recursos humanos necesarios, Servicios de Orientación al Adolescente (SOAs), Centros de Salud Mental Comunitario y los programas de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público.
Finalmente, Miguel Ángel Trinidad sostuvo que el proyecto piloto realizado en nuestro país es “ejemplar” porque los adolescentes a los que está dirigido no son vistos como “objetos sino como sujetos”.
