La comisión investigadora apuntó a financiadores del golpe del 8 de enero en Brasilia
Por Pablo Giuliano
El Congreso brasileño pretende descubrir quiénes fueron los que financiaron el intento de golpe de Estado del 8 de enero pasado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, perpetrado por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro, y para ello una comisión especial convocará a 40 personas, entre ellas cuatro exministros, se anunció este martes oficialmente.
La comisión parlamentaria mixta de investigación sobre el 8 de enero (CPI) trazó este martes su plan de trabajo, presentado por la relatora o miembro informante, la senadora oficialista Eliziane Gama, del centroderechista Partido Social Demócrata (PSD), quien aseguró que el intento de golpe nació mucho antes, con la derrota de Bolsonaro ante Lula en las elecciones de octubre.
“La jornada de depredaciones no comenzó a la medianoche del 8 de enero de 2023, sino mucho antes, en una sucesión de hechos que, por decir lo menos, levantaron los ánimos. Las noticias difundidas en las redes sociales por la parte de la sociedad que no aceptó la victoria de Lula tenían la intención de construir la realidad desde su particular perspectiva, sembrando creencias y sentimientos conspirativos de todo tipo”, aseguró la senadora.
La comisión, formada por 16 diputados y 16 senadores, tendrá 180 días para investigar los actos golpistas en paralelo a la causa judicial que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal, que ya procesó a la mayor parte de los 1.390 denunciados por la fiscalía general de atentar contra la democracia con la invasión a la sede de los poderes en Brasilia.
Entre los citados a declarar estarán el exjefe de gabinete y excandidato a vice de Bolsonaro, el general retirado Walter Braga Netto, un hombre fuerte de la inteligencia militar que fue interventor en Río de Janeiro cuando fue asesinada la concejala Marielle Franco a inicios de 2018.
También fue convocado el principal acusado, el exministro de Justicia Anderson Torres, quien en la primera semana de enero era secretario de Seguridad de Brasilia y liberó a la policía de proteger los edificios públicos.
El ex jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, a cargo de los servicios de inteligencia, general retirado Augusto Heleno, asesor en geopolítica de Bolsonaro, deberá brindar su testimonio, así como su sucesor, el lulista Gonçalves Dias, quien renunció en abril tras conocerse que había ingresado al Palacio del Planalto y no reaccionó ante el avance de los atacantes.
Dias, hombre de confianza de Lula entre los militares, es considerado por el bolsonarismo como una pieza clave para denunciar que el gobierno buscó “victimizarse” de alguna manera ante el intento de golpe.
El senador Rogerio Correa, del Partido de los Trabajadores de Lula, sostuvo que todos los invasores eran bolsonaristas, generando polémica en el recinto y por ello pidió retirar de la comisión al diputado André Fernandes, del Partido Liberal de Bolsonaro, denunciado por la fiscalía por organizar los campamentos frente al Ejército que convocaron al golpe.
Entre los evangelistas de la comisión se encuentra el pastor Marco Feliciano, diputado, quien pidió no llamar “golpistas” a los autores de los ataques y sí “vándalos o patriotas”.
“Es muy fuerte decirles golpistas, son gente de familia, decirles golpistas antes de la investigación de esta comisión es un prejuzgamiento”, dijo Feliciano, uno de los mayores aliados de Bolsonaro en el bloque evangelista del Congreso.
Por su parte, la relatora Gama informó que, en el transcurso de la CPI, también serán llamados a deponer aquellos que financiaron los actos del 8 de enero, así como las personas involucradas en otros actos.
Estos financiadores, vinculados al agronegocio del sur y el centro-oeste sojero del país, son investigados por la corte suprema.
Por su parte, la diputada Duda Salabert, del centroizquierdista Partido Democrático Laborista, que forma parte de la base oficialista, aseguró que la comisión debe perseguir a los “tiburones” que financiaron el golpe y no solamente a los “pececitos” que ingresaron al Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el Palacio del Planalto el domingo 8 de enero, cuando Lula estaba en Araraquara, interior de San Pablo, visitando a víctimas de una inundación.
Fuente: Agencia Nodal | Telám