Imprescriptibilidad de delitos de corrupción pone al Perú a la vanguardia

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Opina excanciller Óscar Maúrtua

La imprescriptibilidad para delitos contra la administración pública, aprobada por el Congreso, pone al Perú a la vanguardia en la lucha contra la corrupción y se condice con la legislación internacional, aseveró el excanciller Óscar Maúrtua.

Aseveró que la norma protege al Estado peruano contra la impunidad y aproxima al país a los objetivos del desarrollo sostenible, así como a las buenas prácticas impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).   “Fortalece la transparencia y contribuye notablemente al imperio de la ley y, por ende, al estado de derecho y la institucionalidad democrática.

Es una demostración de cómo el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso da buenos resultado para la población”, expresó.   Maúrtua dijo, además, que la ley alinea al país en los conceptos previstos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

“También se condice con la convención sobre cohecho de la OCDE a la que nos hemos adherido sin ser miembros plenos de este organismo internacional”, precisó.

Comentó que la imprescriptibilidad de los delitos es uno de los instrumentos más fehacientes de una lucha tenaz contra la corrupción y una acción clara en beneficio del pueblo y de la gobernabilidad.

La citada ley, aprobada el pasado 17 de agosto por el Congreso en segunda votación, modifica el último párrafo del artículo 41º de la Constitución Política, que en adelante consignará lo siguiente: «La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad».

El plazo de prescripción se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para funcionarios o servidores públicos como particulares.

La aprobación de esta norma fue saludada por diversos sectores políticos y sociales quienes la calificaron como una herramienta eficaz para combatir la corrupción en el Estado.

(Fuente: Andina)