Fuente: Andina
La prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia es una necesidad en la investigación, sostuvo hoy Rafael Vela, coordinador de las fiscalías de lavado de activos, al solicitar al Poder Judicial confirmar esta medida.
Ante el colegiado de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Nacional, dijo que este es un momento histórico, dado que el investigado es un expresidente y está vinculado junto a su esposa en un caso de lavado de activos.
Precisó que la prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho cumple todos los estándares de motivación, al cual se suman las nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía sobre la presunta compra de testigos en el caso “Madre Mía”. “La ponderación dentro de la cual se llevó a cabo la investigación muestra que hemos respetado todos los derechos de los imputados, las medidas (en su contra) fueron progresivas, fruto del avance de las investigaciones que los abogados no quieren que se discuta”, relató.
Mencionó que en el país no hay juzgamiento en ausencia y trajo a colación el caso del expresidente Alejandro Toledo, quien no ha comparecido hasta el momento ante la justicia, a pesar de las dos órdenes de prisión preventiva en su contra.
Eso, apuntó, obliga a ponderar los condicionamientos y la colaboración de los Estados extranjeros. Tras reiterar sus imputaciones sobre los aportes ilícitos que recibieron los esposos Humala-Heredia para su campaña de 2006 y 2011, el fiscal Vela sostuvo que Partido Nacionalista ha tenido prácticas de una organización criminal en este caso, ligado a la compra de testigos. Sobre los audios del expresidente Humala, con coordinaciones para que se retracten los testigos del caso “Madre Mía”, el fiscal refirió que no es necesario verificar estas conversiones en la lucha contra la criminalidad, como lo sostienen los abogados de la pareja Humala-Heredia.
En ese sentido, acusó a la defensa legal del expresidente Humala y su esposa de “ocular deliberadamente” que el fiscal Marco Guzmán Baca, quien tenía en su custodia los audios, es investigado por no haber dispuesto una indagación por la presunta compra de testigos. Indicó también que la reunión social donde se observa al abogado Eduardo Roy Gates con el fiscal Guzmán Baca, muestra el uso del poder para eludir estas pruebas, toda vez el letrado fue abogado de Nadine Heredia y consejero presidencial. “Comprar testigos desde el poder es un gravísimo hecho», manifestó al referirse a las presiones que habrían ejercido exfuncionarios del INPE en el gobierno de Ollanta Humala para que un testigo en este caso desista de sus declaraciones.
Reiteró que la designación de Heredia Alarcón como representante de la FAO, su intento por alterar su caligrafía en la pericia para determinar la propiedad de sus agendas y sus cambios de versión en ese tema, muestran el peligro procesal de la investigada.
En ese sentido, pidió al colegiado ratificar la prisión preventiva contra Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia. Concluida la audiencia, la sala dejó al voto el pedido de los esposos Humala-Heredia para afrontar las investigaciones con comparecencia restringida.