La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC) ya cuenta con un jefe. Se trata del doctor Roberto Palacios Bran, quien tendrá la importante tarea de que el control interno en el PJ sea más imparcial y célere en sus investigaciones contra jueces y personal jurisdiccional.
Con la elección del titular de la ANC, las próximas autoridades de control del PJ ya no serán magistrados supremos, como sucedía hasta ahora, sino que serán profesionales del Derecho, con especialidad de control, elegidos por concurso público.
Lo mismo ocurrirá con los jueces de control, que ya no serán designados por sus superiores por un tiempo y luego volver a sus plazas titulares. Bajo la ANC serán elegidos por concurso público y representarán una nueva especialidad, que será impartida por la Academia de la Magistratura.
Cabe precisar, que el control funcional de los jueces supremos continuará siendo competencia exclusiva de la Junta Nacional de Justicia.
Las nuevas autoridades de control que se elijan gozarán de autonomía económica, funcional y administrativa y tendrán las mismas incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y beneficios que los magistrados supremos.
Asimismo, siempre que lo requieran en sus inspecciones, auditorías o investigaciones, el jefe de la ANC del Poder Judicial podrá disponer de la colaboración de los jueces de todos los niveles; si estos se negaran, podrían ser sancionados por falta muy grave.
En los próximos días, el doctor Roberto Palacios, al amparo de la ley que le otorga dos meses, deberá revisar, adecuar y aprobar su reglamento.
Este reglamento, entre otras cosas, señalará las instancias de procedimiento disciplinario, considerando una instancia por cada nivel jurisdiccional, así como una instancia revisora.
De esta manera, la ANC reemplazará a la OCMA, la cual algunas personas han cuestionado desde hace años, y que dio lugar en la sociedad al dicho popular de que otorongo no come otorongo.
Con el funcionamiento de la ANC, se espera que el control interno en el Poder Judicial sea más imparcial y célere en la investigación contra jueces y personal jurisdiccional, más aún en casos relacionados a personas vulnerables y familia.
Sin embargo, para la aplicación de las disposiciones de la presente norma, se requiere de un adecuado presupuesto. Esto permitirá contratar personal, capacitarlos, etc. De lo contrario, será muy difícil que la nueva autoridad pueda ejercer un control eficiente en favor de los justiciables. Esperamos que el MEF nos apoye para que el colectivo de la administración de justicia no continue siendo manchado por la conducta inapropiada de algunos pocos.
Por: Tullio Bermeo Turchi.
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali