Por administración directa. Ejecutivo debe reglamentar ley en 90 días
Con la finalidad de establecer un marco legal para la ejecución de obras, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a Autógrafa de la ley por la que se plantea una ley que regula la ejecución de obra pública por administración directa.
El presidente de la comisión Luis López Vilela (FP), explicó que el objeto de la proyectada norma observada por el Ejecutivo es para establecer un marco legal para la ejecución de obras públicas por administración directa. Esto procede, únicamente, cuando se declare desierta la segunda convocatoria de un procedimiento de selección, siempre que el valor sea inferior al establecido para el procedimiento de licitación pública previsto en la ley de presupuesto del sector público.
La propuesta indica que están comprendidos en esta ley, aquellas entidades a que se refiere el artículo de la ley de contrataciones del Estado. Además, señala que los titulares de las entidades o quienes hagan las sus veces son responsables del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Para tal efecto, la entidad emite las disposiciones correspondientes, con conocimiento de la Contraloría General de la República.
El Ejecutivo señala en la Autógrafa que “considera una interpretación muy restrictiva del Principio de Subsidiariedad, pues estaría limitando la posibilidad de que el Estado ejecute directamente obras, obligándolo a contratar a empresas privadas, incluso si esta contratación fuera más onerosa”.
De igual manera, el parlamentario López Vilela dijo que se plantean una serie de requisitos para la ejecución de obra pública por administración directa, un régimen de liquidación técnico-financiera, un requisito de información en el sistema de información de obras y un comité de vigilancia, entre otros.
De otro lado, la comisión de fiscalización considerando la expedición de la ley 30794 , ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo , apología del delito de terrorismo y otros delitos, entre otros , el delito de Trata de Personas, aprobó el archivamiento del proyecto de ley No 3103/2017-CR, Ley que establece inhabilitación perpetua para ingresar o reingresar al sector público para los condenados por la comisión del delito de Trata de Personas.
