Las empresas pesqueras participaron en un taller a cargo de una consultora internacional, respecto de la implementación del Decreto Legislativo 1352, que obliga a todas las personas jurídicas del país a implementar un Programa de Prevención contra el Soborno, el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y que entrará en vigencia el 1° de enero del 2018.
Con esta implementación, las empresas pesqueras contarán con un sistema de prevención y como consecuencia podrán eximirse de responsabilidad penal y administrativa ante los delitos cometidos por sus accionistas, directivos o personal.
Según la consultora la decisión de implementar dicho programa de prevención le corresponde al directorio de las empresas, el mismo que debe supervisar su organización y cumplimiento en todas las áreas y niveles de la compañía para evitar posibles multas, infracciones o sanciones de índole penal para la compañía.
Al respecto, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería Elena Conterno, señaló que el tema planteado por el Decreto Legislativo 1352 es relevante para tener un mejor gobierno corporativo en las empresas de la industria.
“Las empresas asociadas a nuestro gremio evaluarán al interior de su organización la exposición que tienen a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluidas sus acciones de filantropía y de responsabilidad social, y adoptarán medidas de prevención frente a los riesgos identificados”, finalizó.
