El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, la presidenta de la Comisión de Transportes, Marleny Portero y voceros de distintas bancadas recibieron a dirigentes de los gremios de transportistas que acatan una paralización hoy en Lima y Callao, exigiendo acciones concretar para frenar la ola de extorsiones y sicariato que los agobian.
Salhuana reiteró la disposición y voluntad del Congreso para aprobar un marco normativo que ayude en la lucha contra la delincuencia y criminalidad, que constituye una lucha que convoca a la unidad de todas las instituciones del país.
Señaló que en el segundo pleno temático de seguridad ciudadana que precisamente, se desarrolla hoy, se analizará la reforma de la Policía Nacional y un paquete de medidas destinadas a frenar el clima de inseguridad que afecta al país.
En la cita participaron el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas y los legisladores, Alex Paredes, Flavio Cruz Mamani, Arturo Alegría García, Jorge Marticorena y Germán Tacuri.
Por su parte, los dirigentes de los transportistas expresaron su agradecimiento al presidente del Congreso por su disposición de recibirlos y escucharlos.
El representante del Comando Unitario de los trabajadores de transporte terrestre del Perú, Elmer Antonio Mercado, pidió que se articule desde el Congreso de la República una mesa multisectorial con el Ejecutivo, el Poder Judicial, Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario.
Indicó además que en la actualidad el 15% de sus vehículos se encuentran inoperativos por temor a las extorsiones.
Entre las propuestas que presentaron los gremios de transportistas se encuentran: Plan interinstitucional con la finalidad de erradicar la violencia y asesinatos; establecimiento de un protocolo de denuncias digitalizadas para proteger a los denunciantes.
Asimismo, creación de la figura de un “zar de transporte” para que coordine con todos los órganos del Estado; sistema de fideicomiso para que la Policía Nacional pueda contar con presupuesto a fin de combatir la ola criminal y el traslado de delincuentes de alta peligrosidad a penales del extranjero, entre otros.
Fuente: Agencia Andina