Para un mayor estudio y definiciones
El Pleno del Congreso devolvió a la Comisión de Defensa Nacional, para un mayor debate y precisiones, la propuesta que plantea la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, en particular para definir los conceptos de proporcionalidad y razonabilidad.
En efecto, fue ante una cuestión previa planteada por el congresista Fernando Ropigliosi Capurro (FP), quien sostuvo que “hay un problema muy serio introducir nuevamente el término de proporcionalidad, que ha sido usado sistemáticamente contra la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”. La decisión de la mayoría fue desarrollar un mayor estudio.
El parlamentario dijo que en un contexto de “sistema judicial caviarizado no se pone siquiera en el mismo nivel a miembros de las fuerzas del orden con delincuentes, sino en un nivel inferior”.
Explicó que la proporcionalidad es interpretada como en el caso de un delincuente que ataca a un policía con una piedra o cuchillo y éste o un militar responde con su arma, y termina en la cárcel.
Por eso, dijo que lo que se tiene que aplicar es el principio de razonabilidad que forma parte de la ley vigente que es la Ley de Protección Policial que lo establece.
Antes, la congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JPP) se había manifestado en contra de un artículo que propone que la policía puede usar la fuerza en reuniones o manifestaciones públicas que no sean pacíficas y cuando en las mismas participen personas armadas o que hagan uso de objetos que puedan ser utilizados para agredir o poner en riesgo la vida propia o la de otras personas.
El pedido del congresista Ropigliosi Capurro fue llevado a votación, el mismo que resultó con 94 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, con lo cual la propuesta fue devuelta a la Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País).
El dictamen en mención tiene el objetivo de mejorar el marco legal sobre el uso de la fuerza por el personal policial, en los casos en que se atente contra su vida o su salud, o la de los ciudadanos, así como contra bienes públicos o privados; incorporando los principios de proporcionalidad y de defensa de la vida, para dar cumplimiento a su finalidad constitucional, con la protección de efectivos policiales y de la población frente al incremento de la criminalidad en el país, en el marco de protección a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, lo que coadyuva a restablecer la seguridad y paz social.