La demanda de Odebrecht contra al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por una supuesta violación de sus obligaciones en relación al proyecto Gasoducto del Sur, ha causado una sorpresa mayúscula a la opinión pública, pero esto se veía venir desde hace mucho tiempo, señaló el presidente del Congreso, Pedro Olaechea Álvarez-Calderón.
“Lo que está sucediendo hoy, se advirtió hace muchos meses. Reitero: tengamos cuidado y pensemos primero en los intereses del país”, declaró Olaechea este jueves.
El 9 de julio del 2019, mediante su cuenta de Twitter, escribió: “El fiscal Vela dice que ‘Odebrecht está colaborando activamente en el caso gasoducto del Sur’ después de que la empresa le mintió al país descaradamente. ¿Realmente se defienden los intereses peruanos?”.
El 5 de julio del 2019 ya había planteado una salida por el mismo medio: “El contrato del Gasoducto es el único que tiene cláusula anticorrupción. Teniendo en cuenta las últimas revelaciones provenientes del Ecuador y los claros indicios de corrupción, el procurador tiene la obligación de solicitar el embargo preventivo cuanto antes”.
Hace siete meses, Olaechea planteó que el embargo preventivo mejoraría nuestra posición de negociación, “evitaría que un tercero se nos adelante”, y haría imposible que Odebrecht venda el Gasoducto del Sur. Se preguntaba en aquella ocasión, enfáticamente: “¿Por qué el procurador tarda tanto en actuar?”.
Hoy, Odebrecht demanda al Estado peruano, y Pedro Olaechea se pregunta: “¿Cuántos hospitales, colegios o comisarías, se pueden construir con los 1,200 millones de dólares que está pidiendo Odebrecht? ¿Cuántas incubadoras se pueden adquirir? En qué momento se empezará a pensar en los peruanos”.
En otro mensaje, el titular de la Comisión Permanente cuestiona la labor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, así como la permanencia en sus respectivos cargos. “Prácticamente le están costado al país US$ 1 200 millones”, aseveró.
El presidente del Legislativo recuerda que el gran monto de dinero que pide la empresa brasilera, saldría del bolsillo de todos los peruanos, en caso de que gane la demanda. “Si eso no te indigna, no sé qué más tiene que suceder”, acotó.
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