Bajo la política de lucha por los derechos de la familia policial del ministro Santiváñez, se coordinó traslado, de Piura a Lima, de agente policial afectado.
Siguiendo los lineamientos dispuestos por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la Defensoría del Policía coordinó con la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) y SaludPol Piura el traslado del suboficial de tercera de la PNP Erik Alexis Carrasco Falla, de Piura a Lima, para que reciba atención médica especializada tras sufrir una presunta negligencia médica durante una intervención quirúrgica por cálculos renales en un establecimiento de salud privado.
Las autoridades de la Defensoría gestionaron que el efectivo policial, quien llegó a la capital con un diagnóstico de traumatismo uretral derecho, reciba los cuidados médicos oportunos y la cobertura de los gastos de los distintos procedimientos clínicos, además de los medicamentos necesarios para su recuperación.
De esta manera, el suboficial fue trasladado al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, pero luego referido a una IPRESS PNP, donde recibió las atenciones médicas necesarias por parte de especialistas en urología y, posteriormente, se le otorgó el descanso médico domiciliario correspondiente.
A través de la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional, se ha habilitado un inmueble de reposo para Carrasco Falla y su esposa Gisella Talledo Prada, mientras dure el tratamiento médico dispuesto por los profesionales de la salud.
La Defensoría del Policía, a través de su Oficina Regional Norte, hace seguimiento a este caso, desde el 19 de julio, cinco días después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el suboficial, de 27 años de edad.
Además, la entidad dependiente del Ministerio del Interior, desde el 8 de agosto del presente año, brinda asesoramiento legal al efectivo policial a fin de que las investigaciones determinen una praxis médica errada con consecuente afectación de la salud y el bienestar del efectivo.
Cabe resaltar que la gestión del ministro Juan José Santiváñez, tiene como una de sus políticas la lucha por los derechos de la familia policial, por lo que el bienestar de cada integrante de la institución será una prioridad para el sector Interior.