De repente los peruanos nos hallamos ante un Congreso hiperactivo y disfuncional que, día tras día, está generando leyes, elaboradas de acuerdo al reclamo de algún sector de la sociedad o de profesionales. Cada ley muestra una ansiedad populista nunca vista. Ahora los proyectos de ley se aprueban obviando requisitos como la aprobación de las comisiones pertinentes y, como si fuera poco, se les exime de la segunda votación: el mecanismo último de una posible reconsideración.
Los numerosos proyectos de ley e iniciativas, todas de innegable corte populista, que han sido aprobados son prueba de ese afán por “salir en la foto” sin medir las consecuencias futuras.
Empezaron con el retiro del 25% del fondo de las AFPs. Luego siguieron con la suspensión del cobro de peaje en todas las carreteras del país.
Otras muestras de esa actitud populista son la promulgación de una autógrafa aprobada por el anterior Congreso sobre el uso de armas letales por las fuerzas del orden, y los numerosos proyectos de ley que tendrían como objetivo construir candidaturas para el 2021.
Entre ellos, figura la pena de muerte para presidentes y altos funcionarios corruptos en situación de emergencia, la moratoria general a favor de personas naturales y jurídicas de pagos de créditos, servicios públicos, impuestos municipales, pensiones escolares y de educación superior y alquileres. Y como cereza de torta: la anulación de pensiones a los expresidentes. ¿Alguien se puede oponer a estos pedidos?
Hace apenas unos días el Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone aprobó el dictamen que regula los procesos de ascenso automático en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, el nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal administrativo de la salud.
La ley, aplicable al personal que labora en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos, gobiernos regionales y EsSalud.
En lo que atañe a EsSalud, según su presidenta, Fiorella Molinelli, el Parlamento infringió la Constitución pues no tiene iniciativa de gasto y agregó que esta la ley obliga a EsSalud a asumir un sobrecosto laboral de más de mil cien millones de soles.
Todos saben que en EsSalud hay carencias de todo: Consultas, hospitalizaciones, medicinas, reactivos, camillas, sillas de ruedas, etc. y que las infraestructuras de muchos de sus policlínicos u hospitales han colapsado (no hablamos de ahora, desde siempre). Bueno todos, menos los congresistas porque jamás han pisado un establecimiento de EsSalud. Ellos, y sus familiares, se atienden en clínicas privadas.
También sabemos que la continuación de este mal endémico es consecuencia de la mala administración de la actual presidenta que, recién ahora, anuncia que esta medida aprobada por el Congreso frustrará “la construcción de cinco nuevos hospitales de las regiones más necesitadas», algo difícil de creer porque su gestión solo la ha dirigido a hacer ampliaciones en hospitales ya construidos. Ampliaciones donde se obviaron licitaciones con la finalidad de evitar incomodas fiscalizaciones.
Lo que quizás algunos legisladores ignoran es que EsSalud es un organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social, con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera presupuestal y contable y, sobre todo, -esto es importante señalar-, que no recibe un sol del presupuesto de la República, como si lo hace el ministerio de Salud.
Que, por el contrario, el Estado es deudor de EsSalud. Por ejemplo, hasta fines octubre del 2019 la deuda por aportaciones que le tienen instituciones públicas y privadas ascendía a S/ 4,168 millones.
De ese total de la deuda, el 67% correspondía al sector privado que adeudaba S/ 2,785 millones, entre los figuran deudores variopintos como los clubes Universitario de Deportes, Alianza Lima, Graña y Montero, Lan Perú y hasta la municipalidad de La Victoria. El saldo restante: (S/ 1,300 millones) pertenecía al sector público.
Pero hay más. El Programa Reactiva Perú que es una iniciativa del Gobierno para ayudar a los empresarios a cumplir con sus responsabilidades económicas, puso como garantía crediticia, S/30 mil millones, con una cobertura que va desde el 80% hasta el 98%. Pues bien, esa garantía cubre como máximo el monto que equivale a tres veces la aportación a EsSalud en el 2019.
Es decir, el maltrato o la indiferencia vienen de todos lados. Y al medio de todo, estamos los asegurados.
Es conocido que EsSalud tiene una serie de problemas que hacen que sólo atienda a una parte menor de los asegurados que buscan atención. Que el maltrato, la tramitología, la corrupción, existen y afectan a los asegurados, eso es innegable. Pero convertir esa constatación en el pretexto para castigar a la institución es una irresponsabilidad.
Pueden pedir la renuncia de la presidente Fiorella Molinelli, como lo hizo el presidente de la Comisión de Salud, Omar Merino, -a la cual nos sumamos-, pero no maltraten a la institución.
Con todos sus problemas y limitaciones, EsSalud es la institución pública que más se acerca a los principios de un Estado de Bienestar: brinda atención integral y solidaria a unos 11.5 millones de peruanos por aportes que en promedio no sobrepasan los 100 soles mensuales que cubre no solo al trabajador sino a sus familiares; un seguro privado para brindar una atención integral no bajaría de S/.2000 al mes.
Lo que lo congresistas deberían hacer es proteger y transformar es nuestro sistema público de salud, del que EsSalud es una parte fundamental. No hagan populismo a costa de la salud del pueblo. Respeten una institución que ha sido gestada con el trabajo de los trabajadores a través de los aportes de sus empleadores.
El populismo solo genera aplausos efímeros. Antes de presentar un proyecto de ley, los congresistas deberían tener cuidado con no arrasar con los derechos de otros.
No busquen atajos, no jueguen con las ilusiones e ideales de la gente para prometer y promulgar leyes que crearían una situación que después, para el próximo gobierno, sería inmanejable.
Un ejemplo: Este Congreso aprobó la suspensión del cobro de peaje en todas las carreteras del país. Bien por ellos.
Pero es necesario recordarles que, en el 2016, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, también decidió suspender la implementación del peaje Chillón. Y se ganó aplausos. Sin embargo después de dos años de proceso legal frente al consorcio Rutas de Lima, el tribunal internacional con sede en Washington le ha dado la razón a la compañía por el caso del peaje Chillón, ubicado en el distrito de Puente Piedra. Ahora la comuna limeña, tendrá que pagar S/ 230 millones. Dinero que sale de los tributos del pueblo.
