La bancada de Avanza País ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de reestructurar los órganos de alta dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a fin de otorgarle mayor proactividad y participación a los entes del sistema de administración de justicia y dotarle de mayor eficiencia en sus labores.
Según el Proyecto de Ley N° 05566/2022-CR, del congresista Diego Bazán, el consejo directivo, que actualmente se conforma por un presidente ejecutivo y representantes de los ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Promoción del Empleo, Educación y Salud, sería cambiado por los siguientes integrantes:
1) Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien ejerce la Presidencia Ejecutiva del INPE
2) Un representante del Ministerio del Interior
3) Un representante del Poder Judicial
4) Un representante del Ministerio Público
5) Un representante de la Policía Nacional del Perú
Dichos miembros serán propuestos por los titulares de cada institución y designados por un periodo de cuatro años. En relación a los representantes del PJ y de la Fiscalía, estos son propuestos de preferencia entre exjueces y exfiscales que se hayan desempeñado en la especialidad penal, crimen organizado y otras afines.
Otra novedad es que para ser miembro del consejo directivo se requerirá tener título profesional de abogado, psicólogo, sociólogo, y/o carrera afín a la función y gestión del cargo a desempeñar, con una experiencia profesional no menor de ocho años, acreditar no menos de tres años en cargos de gerencia, dirección, coordinación, despacho judicial o fiscal, gestor de grupo o equipo en actividades afines al cargo.
Otro cambio que propone es que el Poder Judicial, Ministerio Público, Minjusdh, Mininter, PNP e INPE conformen una Comisión de Análisis y Evaluación de Seguridad de Riesgo Criminal Inminente, la cual realizará reuniones de coordinación en forma mensual, a fin de evaluar en forma constante y permanente las incidencias de peligro y riesgos inminentes producidos en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional que produzcan impacto en la sociedad o grave amenaza a su seguridad, a fin de proponer medidas urgentes, como el traslado de internos de alta peligrosidad.
También se modificará los operativos en establecimientos penales. La Fiscalía y la PNP los realizará de manera mensual y de forma inopinada las veces que considere pertinente a nivel nacional.
Las Fiscalías del Prevención del Delito, llevará un Registro de los Operativos y sus respectivas incidencias, poniendo en conocimiento de las Fiscalías Penales u otras Fiscalías especializadas, en lo que corresponda en tanto existan la presunción de la comisión de hechos ilícitos.
En caso se decomisen bienes prohibidos, el Ministerio Público podrá donarlos a instituciones sin fines de lucro. En el caso que dichos objetos incautados representen un riesgo inminente o futuro para la perpetración de otros delitos, serán incinerados.
Fuente: Agencia Andina