El Congreso de la República impulsa el fortalecimiento de las unidades de flagrancia en todo el país con la aprobación del dictamen que permite la creación del Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia.
El último miércoles, en el pleno votaron a favor de esta propuesta 91 congresistas y, además, logró ser exonerada de una segunda votación.
“Tiene por finalidad fortalecer la eficiencia, coordinación y operatividad de los operadores del sistema de justicia penal, asegurando una respuesta rápida, célere y efectiva en la investigación y resolución de casos de flagrancia. Asimismo, se busca garantizar el acceso a la justicia de manera oportuna, protegiendo los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procesos”, se destaca en la iniciativa.
Además de ello, la propuesta plantea una administración para las unidades de flagrancia, el cual estará a cargo de un funcionario responsable de su implementación y gestión, en el ámbito territorial correspondiente, así como de su monitoreo y evaluación.
“Dicho funcionario es designado por el presidente de la Corte Superior de Justicia y tiene el apoyo de profesionales en las áreas de estadística, contrataciones e informática, entre otras”, se detalla en parte de la propuesta.
Otro punto importante del dictamen es la creación de órganos especializados en flagrancia delictiva a exclusividad, el cual se dará por los titulares o el órgano competente de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.
Del mismo modo, se plantea la creación de un Módulo de Atención al Usuario (MAU) del Poder Judicial, que permite orientar a los usuarios en sus consultas sobre los casos de detención en flagrancia, según el ámbito territorial correspondiente.
“Asimismo, se puede incluir otras áreas de apoyo, las cuales deben ser aprobadas por el Consejo Nacional de Justicia en Flagrancia Delictiva”, se acota.
Respecto de la creación del Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, el dictamen indica que es un mecanismo articulador hacia la implementación de unidades de flagrancia, para una eficaz acción del Estado y solucionar rápidamente conflictos de relevancia penal en dichos casos.
Además de ello, se plantea la creación del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva como el máximo órgano encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de flagrancia, con autonomía funcional y técnica de cada miembro que la conforma.
Fuente: Agencia Andina
