El Colegio de Periodistas del Perú, a la vista de lo declarado por el Primer Ministro y el Ministro de Justicia, considera que el proyecto de ley que busca impulsar el gobierno para crear un nuevo delito que sanciona la información reservada en la investigación penal con penas de hasta 4 años de prisión, es inconstitucional.
Es decir colisiona con el artículo 2, inciso 4 de la Constitución, que establece, consagra y defiende los derechos y las libertades de información, opinión, expresión y difusión.
Pero más allá del aspecto legal, este proyecto es un monumento al escándalo. Y es que no se puede entender como en un país donde la corrupción se apodera de 20 mil millones de soles anuales, dinero que podría construir bienestar para los peruanos, en lugar de fomentar la transparencia y la investigación de los casos mediáticos que destapa la prensa, el gobierno pretenda con triquiñuelas legales y una sesgada interpretación de las normas, legalizar el secretismo y la intimidación.
Ahora, no hay necesidad de ser jurista o intérprete de la constitución para apreciar que este proyecto de ley tiene nombre propio. Para proteger al presidente y su entorno, se quiere implementar una ley mordaza y colocar una venda para evitar que la sociedad, a través de la prensa, perciba e identifique el rostro oculto de la corrupción.
Criminalizar las fuentes periodísticas, no solo afecta nuestro propio ordenamiento jurídico. También colisiona con la filosofía y estándares de la libertad de expresión y el estado de derecho en el hemisferio que suscribe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene carácter vinculante para el Perú.
Afecta igualmente lo estipulado en la Declaración de Chapultepec cuando se establece que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa.
El gobierno presupone que la filtración de la información en esta etapa preliminar de la investigación penal afecta el debido proceso. Pero a la luz de la experiencia, si todos los casos emblemáticos en la lucha contra la corrupción desde Lava Jato, Odebrecht, el club de la construcción, los cuellos blancos y un largo etecetera, no hubieran sido difundidos por los medios de comunicación, hoy, simplemente, no se hubiese conocido.
La cultura del secretismo los hubiera mantenido en la clandestinidad, fuera de los reflectores de la opinión pública. Percibimos un riesgo, una amenaza latente contra la libertad de expresión y afecta el derecho de la sociedad peruana de informarse y ser informada.
Creemos finalmente que por la salud moral del país, el gobierno debería desistir de materializar este proyecto de ley y si así lo hiciera, los congresistas, deberían atajar la iniciativa, en especial en la comisión de constitución, tal como se hizo en la pretendida iniciativa para convocar una asamblea constituyente.
Hacemos un llamado al gobierno para que no emita señales confusas. El Presidente ha repetido que no ha venido a beneficiarse del poder, debe ser consecuente y abortar este proyecto.
No es el mejor momento para la libertad de expresión en el país. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos tiene en alerta roja. El informe preliminar del relator Pedro Vaca nos ubica entre los países que menos respeta la libertad de expresión en el hemisferio.
Intentar aprobar un proyecto de ley, una ley mordaza, no es la mejor credencial para ningún gobierno democrático.
