Frente al homicidio del señor Julio Fernández Hanco, ocurrido el 20 de marzo de 2022, en el centro poblado de Nueva Arequipa, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Ambiente, en el marco del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, manifiestan a la opinión pública lo siguiente:
En horas de la noche del 20 de marzo de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tomó conocimiento de los hechos y se puso a disposición de los familiares de la víctima. Inmediatamente, realizó las coordinaciones pertinentes con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, y otras autoridades locales, para el inicio de las investigaciones pertinentes y el pronto esclarecimiento de los hechos.
Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso brindar asesoría a los familiares del señor Julio Fernández Hanco, a través del servicio de la Defensa Pública, durante las investigaciones a cargo del Ministerio Público y en el proceso judicial, que puedan iniciarse como consecuencia de los lamentables hechos ocurridos en el centro poblado de Nueva Arequipa.
El Ministerio Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, se encuentra colaborando con las labores del Ministerio Público en las diligencias dispuestas como parte de las investigaciones de la muerte del señor Julio Fernández Hanco.
El Ministerio del Ambiente, adicionalmente, impulsará el trabajo multisectorial para la implementación del Plan Restauración contra la Minería Ilegal en Madre de Dios, con el objetivo de prevenir que este tipo de delitos ambientales constituyan factores de riesgo para las personas defensoras ambientales.
Finalmente, como parte de las acciones impulsadas por el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, se impulsarán acciones para constituir una Mesa de Defensores Ambientales en Madre de Dios, para articular los esfuerzos y acciones conjuntas con las autoridades sectoriales y regionales, organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil de nivel regional para propiciar entornos seguros a favor de las personas defensoras de derechos humanos y reducir situaciones de riesgo.
Las entidades expresan sus condolencias a los familiares y ratifican su compromiso con la adopción de las medidas necesarias para contribuir con el esclarecimiento de los hechos, así como la identificación y sanción de los responsables.