En la vigésima sexta sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista Segundo Montalvo Cubas (PL) se presentó el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, quien informó sobre el allanamiento y detención de Nicanor Boluarte Zegarra y el abogado Mateo Castañeda Segovia, así como el estado situacional de las investigaciones seguidas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, por el caso de los relojes Rolex y otras joyas de alto valor.
Además, se refirió a las investigaciones que se siguen por los hechos ocurridos durante las protestas sociales a nivel nacional en los meses de diciembre 2022 a marzo de 2023.
Al respecto los congresistas Carlos Zeballos Madariaga (PP) y Margot Palacios Huamán (PL) coincidieron en solicitar mayor información sobre los resultados de la investigación seguida por el caso de las protestas.
“Ha transcurrido más de un año y medio y no se tiene a ningún detenido hasta el día de hoy y no se conoce a los funcionarios de alto nivel que han participado de las decisiones de estas protestas. Esto causa indignación y hace ver que no estamos actuando realmente con justicia”, aseveró la legisladora Palacios Huamán.
En tanto se conoció que la Fiscalía de la Nación emitirá en los próximos días un pronunciamiento que brindará el detalle de las 70 carpetas fiscales sobre las investigaciones en las protestas, donde se tienen comprendidos a 786 agraviados y como investigados a 295 miembros de la Policía Nacional del Perú y 38 de las Fuerzas Armadas.
CASO DINA BOLUARTE
Previamente se pronunció sobre la investigación que enfrenta la presidenta de la República, Dina Boluarte, informando que inicialmente la investigación fue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y la omisión de consignar declaraciones en documentos, y luego de ello se ha ampliado por el delito de cohecho, “Los plazos están culminando en estos días, donde se va a evaluar ampliar los plazos por algunos delitos o nos estaremos pronunciando sobre el fondo del caso”, detalló.
En tanto los legisladores Patricia Juárez Gallegos (FP) y Edgard Reymundo Mercado (CD-JPP), expresaron su preocupación por la transgresión que se estaría dando al artículo 99 de la Constitución Política del Estado, al realizarse pedidos por encima de lo que señala la norma constitucional, en referencia al pedido que hizo el Ministerio Público para la suspensión judicial del cargo de Patricia Benavides.
“Cualquier autoridad en este caso considerada como aforada y que se encuentre dentro de cualquier investigación y mediante un pedido de la Fiscalía se podría dar la suspensión de sus actividades, saltando así un procedimiento de acusación constitucional”, sostuvo Juárez Gallegos.
CASO NICANOR BOLUARTE Y MATEO CASTAÑEDA
En otro momento se presentaron los coroneles de la PNP Harvey Colchado Huamaní y Walter Lozano Pajuelo, quienes participaron de la sesión junto a su abogado Miguel Pérez Arrollo y que a su turno debían informar sobre la reunión sostenida con el abogado Mateo Castañeda Segovia, el ex Ministro Carlos Morán Soto y otros y su implicancia y participación en el allanamiento y detención de Nicanor Boluarte Zegarra.
Al respecto los invitados mencionaron que su participación en el referido caso, se realizó como parte del Equipo Especial en Apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EFICOP), “Esas investigaciones son de carácter reservado puesto que se ha aplicado una técnica especial de investigación denominada agente encubierto amparado en la legislación peruana, lo cual no me permite explicar ya que es un proceso especial reservado”, sostuvo Harvey Colchado.
En tanto el congresista Zeballos Madariaga, dejo en claro que el Congreso no está en contra del trabajo que viene realizando la Diviac, ni el equipo de fiscales, pues no se puede retroceder en la lucha contra la corrupción, “Sabemos que esto es un proceso reservado, pero lo que nos llama la atención es que existe fuga de información a la que accede la prensa”.
El grupo de trabajo acordó, por unanimidad, (11 votos a favor) la conformación de un grupo de trabajo encargado de recoger denuncias, evidencias y otros de la actual gestión de EsSalud, con la finalidad de obtener hallazgos y evidenciar presuntos actos de corrupción para luego solicitar facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso para la Comisión de Fscalización.