La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó la Moción de Orden del Día por la que solicita, al Pleno, la delegación de facultades de comisión Investigadora para que, en un plazo de 45 días, pueda indagar las contrataciones que el Ministerio de Cultura hubiera realizado a favor del ciudadano Richard Cisneros Carballido, («Richard Swing»), desde el año 2018 a la fecha.
Edgar Alarcón (UPP), presidente de ese grupo de trabajo, sustentó la moción presentada recordando que Richard Cisneros (o Richard Swing), según información periodística sería una persona de la farándula vinculada con el partido Contigo, que llevó al poder a Pedro Pablo Kuczynski, en circunstancias que el actual presidente Martín Vizcarra era encargado de la campaña política de ese partido.
Recientes versiones periodísticas dieron cuenta que Cisneros Carballido habría contratado por la modalidad de Orden de Servicios con el Ministerio de Cultura desde el 2018 al 2020, en diversas ocasiones, recibiendo el monto de 174 mil 400 soles.
La moción aprobada ha recogido versiones de periodistas como Beto Ortiz, quien recordaba que Cisneros era una persona cercana al entorno de Vizcarra.
También se hace mención al video que circula esta semana donde «Richard Swing» se jacta de sus vínculos con el Ejecutivo y las esferas de poder del más alto nivel.
Otra coincidencia señalada por la moción es que Cisneros Carvallo habría radicado en Canadá en la misma fecha que Martín Vizcarra ocupara el cargo de embajador en ese país.
También se hace mención a la antropóloga Sonia Guillén, exministra de Cultura, y que debido a los contratos develados con el personaje en mención reconoció su responsabilidad política y renunció al cargo.
«El mencionado hombre de farándula no tendría grado ni título profesional académico y por tanto estaría impedido se ocupar cargo de confianza alguno con debido contrato laboral, hecho que hace suponer que los contratos que lo beneficiaron serían un sueldo encubierto que en 21 meses haría la suma mensual de 8 mil 432 soles, vulnerando el principio de meritocracia y direccionado desde Palacio de Gobierno», manifestó Alarcón.
«Al parecer se habrían transgredido los principios de legalidad y transparencia, al vincularse los particulares contratos de Cisneros con actos emanados de Palacio, que enervan valores que subyacen en la Constitución. Se hace necesario un análisis e investigación minucioso que justifiquen los pagos realizados al ciudadano Cisneros», puntualiza la moción aprobada que deberá ser vista en el Pleno del Congreso.