Afirma abogado Carlos Rivera
La investigación que desarrolla la Comisión de Justicia del Congreso en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es abiertamente ilegal e inconstitucional y terminará llegando al sistema interamericano para su revisión afirmó el abogado Carlos Rivera.
Como se recuerda, el grupo de trabajo congresal desarrolla una investigación al accionar de los miembros de la JNJ, para determinar si incurrieron en alguna falta grave que pueda sancionarse con su destitución.
«Tengo la convicción que este proceso es técnicamente un procedimiento abiertamente ilegal e inconstitucional y se han expuesto varas razones para dar cuenta de esa ilegalidad», manifestó en declaraciones a la Agencia Andina.
En ese sentido, explicó que la Comisión de Justicia es dictaminadora y no investigadora; y que a los integrantes de la JNJ se les están imputando hechos que están bien definidos, pues no está establecido si estas pueden ser consideradas como graves.
Asimismo, refirió que esta investigación es un procedimiento que inventó este grupo de trabajo, pues no sabe exactamente hacia dónde va y qué ocurrirá; y porque también es extraño que se modifiquen y amplíen los plazos.
«Es algo grave, el Estado no puede actuar de esa manera cuando pretende ser una investigación, por más política que sea, por lo tanto hay razones graves para calificar que el hecho es abiertamente ilegal e inconstitucional, pero que es probable que termine con una sanción contra todos o algunos de sus miembros», refirió.
Carlos Rivera precisó que si esto último ocurre constituirá una decisión política tomada por un grupo de congresistas, pero que no guardan vínculo con la legalidad o la constitucionalidad, «sancionando sin respeto de las normas elementales».
Por esta razón, señaló que si este caso culmina en una sanción contra los magistrados de la JNJ, terminará en el sistema interamericano.
«No tengo ninguna duda y basta revisar el estándar de debido proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la sentencia Tribunal Constitucional vs. Perú del año 2000, por lo que, no es que nos enfrentamos a un proceso desconocido, sino que estamos repitiendo la historia y frente a eso la respuesta del sistema interamericano fue categórica», aseguró.
Ante ello, si existe una respuesta contraria a lo que establece el sistema interamericano esta será «una gravísima responsabilidad del actual Congreso», pues generará sanciones y obligaciones que el Estado peruano deberá cumplir.
«Ese es un camino que se va a transitar, pues no veo una voluntad de autocrítica entre quienes alientan esto, sino, más bien, veo una decisión de empujar esto a como de lugar y se enfrentará un problema de legalidad, constitucionalidad y de rompimiento de reglas del estado de derecho», añadió.
Fuente: Agencia Andina
