El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, se presentará este viernes 21, a las 10.30 horas, ante la Comisión respectiva del Congreso a fin de referirse a la adquisición de las vacunas contra el covid-19 y la próxima elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo-BID, prevista para setiembre próximo.
Atendiendo a una solicitud del presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, el titular del Palacio de Torre Tagle también deberá informar sobre la contaminación del río Puyango-Tumbes y la demanda de los agricultores por esta problemática.
Trujillo Zegarra adelantó que también han sido citados, para esa reunión virtual, César Gamboa, director ejecutivo de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, y el almirante Jorge Montoya Manrique, para que den su opinión respecto al Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo de Escazú.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, por unanimidad, el dictamen que propone el archivo del Tratado Internacional Ejecutivo nro. 240 mediante el cual se ratifica la Enmienda nro. 18 al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID nro. 527-0426).
Hizo lo propio con el dictamen que recomienda el archivo del Tratado Internacional Ejecutivo nro. 241 mediante el cual se ratifica el Addendum nro. 2 al Convenio de financiamiento entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al desarrollo económico sostenible y promoción de las pymes a nivel subnacional.
Acuerdo de Escazú
Más adelante, la ministra de Ambiente, Kirla Echegaray Alfaro, se refirió al Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo de Escazú; y sus implicancias para el país.
Indicó que se trata de un acuerdo regional que busca mejor las condiciones que nuestro país tiene para brindar y gestionar la información ambiental, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y administrar justicia ambiental.
“La implementación del Acuerdo permitirá, por ejemplo, a los peruanos que se encuentren en las regiones del país acceder a información ambiental actualizada entendida y ordenada sobre el ambiente, lo que le permitirá a su vez participar de manera legítima en la toma de decisiones, incluso en procesos con plazos cortos”, explicó Echegaray.
Destacó que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental a nivel de los países de América Latina y el Caribe, sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia de asuntos ambientales.
“El periodo de firma de los 33 países de América Latina y el Caribe se inició el 27 de setiembre de 2018 en la sede de las Naciones Unidas, y se cierra el 26 de setiembre de 2020”, informó la ministra.
Detalló que, a la fecha, ya han firmado 22 países, y para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor se requiere la ratificación o adhesión de 11 países. “Actualmente cuenta con 9 ratificaciones. Argentina podría ser el décimo país, luego de la decisión de su Cámara de Diputados”, agregó.
Colisiona con la Constitución
Al respecto, también se pronunció el expresidente del Congreso y excanciller Luis Gonzales Posada, quien dijo que hay una colisión entre lo que dice el Acuerdo de Escazú y la Constitución Política.
Precisó que el acuerdo establece que la información sobre asuntos ambientales debe entregarse sin costo, mientras que el artículo 2 inciso 5 de la Carta Magna señala que ”toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”.
Advirtió, además, que hay una cesión de soberanía “desde el momento en que se cede una decisión de la justicia jurisdiccional del derecho positivo interno a un organismo internacional como la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas”.
