Congresistas Glave y Huilca escucharon información de entidades públicas.
Las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca, de Nuevo Perú, se comprometieron el viernes 13 a seguir contribuyendo en la articulación de las entidades del sector público para afrontar el tráfico ilícito de tierras en Los Huertos de Manchay, en el distrito de Pachacámac perpetrado por elementos del crimen organizado.
Durante varias horas las parlamentarias escucharon la participación de representantes de la comuna de Pachacámac, la procuraduría de esa municipalidad, del Ministerio Público, de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), Policía Nacional del Perú y Cofopri, entre otros.
Otros problemas que fueron expuestos son, después del tráfico de tierras, la falta de articulación entre las entidades estatales vinculados al tema, la ocupación de terrenos y espacios públicos, la falta de capacidad logística y recursos para la vigilancia y sostenimiento de las acciones policiales y municipales y la necesidad del mejoramiento de la calidad de vida.
Glave Remy consideró necesario la instalación de una fiscalía especializada en la zona para que actúe de inmediato cuando se requiera su intervención, pero sobre todo que exista coordinación entre las entidades públicas como la PNP, la SBN, Cofopri y la Municipalidad.
Huilca Flores coincidió con esta preocupación y manifestó que es necesario el diseño de una ruta de acciones y coordinaciones para elevar la gestión a otros niveles que permitan avanzar en la lucha contra las operaciones del crimen organizado en esa zona.
Los 20 representantes de distintas instituciones que concurrieron a la reunión convocada por Glave Remy acordaron reunirse el próximo lunes 16 para continuar con este proceso e intercambiar información.
La iniciativa fue presentada por José Pairazamán, de la SBN, quien también indicó que existe un terreno de 26 mil metros cuadrados que podría ser destinado a la construcción de un hospital en la zona.
El general José Baella Malca, de la PNP, director de investigación criminal de esa institución, consideró que en esa jurisdicción a causa del crimen organizado se “estaría incubando algo muy peligroso por lo cual se reclama la presencia del Estado”.
Por eso destacó la importancia del intercambio de información que cada una de las entidades públicas posee y que servirá en la lucha contra el delito y la corrupción.
Empero, adelantó que para la policía es difícil mantener el sostenimiento en el tiempo de sus operativos por falta de recursos presupuestales. “Tenemos 74 efectivos para una población de cien mil habitantes”, anotó.
Pobladores de Manchay vienen denunciando en los últimos años la presencia de estafadores y traficantes de tierras en esa jurisdicción y los desalojos violentos de los que son víctimas por parte de delincuentes.
María Postigo Espinoza, en representación de Cofopri, dijo que esa entidad está llana a prestar, en forma transparente, la información que requieren los ciudadanos con relación a sus predios.
