A escasas horas de inaugurarse oficialmente el Megapuerto de Chancay, quedan aún muchas dudas por despejar. Si bien en el ambiente político y periodístico existe un desbordante entusiasmo, algunos especialistas independientes muestran sus reparos y señalan deficiencias, omisiones y reclamos que han sido obviadas por la empresa, y que contó con una manifiesta complicidad del Congreso de la República, del Ejecutivo y/o. el silencio complaciente de algunos medios de comunicación.
Por ejemplo, a fines de marzo de 2024, la Autoridad Portuaria Nacional accionó una demanda contenciosa administrativa para declarar la nulidad del acuerdo que otorgaba a la naviera china Cosco Ocean Shipping Company (COSCO) la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en el puerto. La cual era ilegal.
Pero cuando la discusión comenzaba a complicarse para la empresa china debido a ese inusual monopolio, -a todas luces indefendible-, el Congreso de la República salió en su auxilio al aprobar una ley que garantizaba la exclusividad de los servicios esenciales a COSCO en el puerto de Chancay. La ley, que pulverizaba la cláusula anti monopolios del Sistema Portuario Nacional, fue votada en tiempo record y contó con el respaldo del Ejecutivo a través del ministro de Transportes Raúl Pérez.
No transcurrieron ni dos meses cuando la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. (CSPCP) volvió a la carga. Esta vez publicó un comunicado invocando al Ejecutivo la implementación de “un canal institucional de diálogo” que se encargue de resolver cualquier controversia de manera prioritaria en torno al Mega puerto de Chancay, que pueda suscitarse en el futuro. La empresa china puso énfasis en la importancia de la estabilidad jurídica y la predictibilidad para fomentar la inversión y el desarrollo económico en el país.
¿Qué había pasado?
Dos días antes Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (OSITRAN), les había recordado que ellos eran una entidad de propiedad privada y que existía un impuesto por el uso de un bien público que tenían que respetar. “Les aclaré que no era a nosotros a quien pagarían el impuesto del 1 %, ya que ese porcentaje se va directo al Tesoro Público y ellos nos otorgan un tope de cuánto dinero necesitamos para supervisar. Creo que ha sido una mala interpretado de ellos, que espero será superado”, explicó.
Pero ahí no quedó al asunto. Lo peor aún está por venir.
En el Congreso existe un proyecto de ley en debate, por ahora en cuarto intermedio, que establece una exoneración total del Impuesto a la Renta (IR) para las empresas ubicadas en la Zona Económica Especial (ZEE) de Chancay, durante los primeros cinco años; del sexto al décimo, de 7,5%; y del undécimo al décimo quinto, subirlo a 10%. Entre el decimosexto y el vigésimo año la tasa de IR sería de 12,5% y posteriormente, del vigesimoprimero al vigesimoquinto, treparía a 15%.
La Asociación de Exportadores (ADEX) mostró su acuerdo de que se fije una tasa de 0% para los primeros años en la ZEE.
Sin embargo, para José Arista, titular del ministerio de Economía y Finanzas, no resulta prudente apostar por una tasa del 0% en el Impuesto a la Renta durante los primeros años de la ZEE.
“Los que se ubican en este lugar tienen que contribuir en algo con el fisco porque, de lo contrario, toda la sociedad estaría subsidiando a estas empresas (…) Sería muy feo subsidiar al empresario”, finalizó.
En contraparte el ministro de la Producción (PRODUCE), Sergio Gonzales Guerrero se mostró a favor de una exoneración del 100% ya que, según él, apalancará las inversiones privadas.
“Estamos a la espera de la decisión del Congreso que estoy seguro, la aprobarán”, finalizó Gonzáles.
¿A qué se debe la seguridad del ministro de la Producción?
En junio de este año, el congresista Jorge Flores Ancachi viajó a China “por invitación de una empresa asiática a una feria tecnológica en Shanghái, y aunque la invitación no incluía a las parejas, Flores Ancachi viajó acompañado de su esposa (“eso sí, yo pagué sus pasajes”). También se unieron al tour, -supuestamente para asistir a un curso de capacitación-, los congresistas Silvia Monteza, Ilich López, Karol Paredes, Elizabeth Medina y Kelly Portalatino.
Al respecto la periodista Juliana Oxenford, instó a que los representantes del pueblo tengan “un poco de ética” y aseguró que la convocatoria puede tener un interés detrás, que es el pedir favores.
Dicho y hecho.
A comienzos de setiembre, Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú) presentó una propuesta de ley para crear la Autoridad Autónoma del Puerto de Chancay: un ente supervisor exclusivo para el proyecto. Este nuevo ente se llevará de encuentro a OSITRAN que se encarga de supervisar los puertos de todo el Perú.
Ancachi es uno de los parlamentarios más cuestionados. De acuerdo a un informe de “Lima Gris”, existiría una relación entre la empresa china Huawei y el expresidente de la Comisión de Energía.
La organización civil “Doublethink Lab” que analiza el autoritarismo digital chino, realizó un relevamiento de datos de 82 países en nueve regiones. De allí surge el llamado «Índice de China» que busca medir la influencia de la República Popular en nueve áreas: académica, política nacional, economía, política exterior, aplicación de la ley, medios de comunicación, militar, sociedad y tecnología.
En el quinto lugar de este ranking, aparece Perú, que sería entonces, según este Índice, el país más influenciado por China en América Latina, superando a otros casos a primera vista emblemáticos como Venezuela (puesto 25) o Bolivia (puesto 60).
Del análisis de las distintas variables, pude decirse que Perú es el alumno perfecto para el régimen de Xi Jinping.
Pero el Congreso y el Ejecutivo son solo una parte de la coraza que protege los intereses de los chinos. En la parte mediática cuenta con el apoyo de la Agencia Andina que es la encargada de difundir “oficialmente” todas las noticias relacionadas con el puerto Chancay, usando como fuente a la Agencia estatal china Xinhua.
Para cubrir la parte informativa “independiente” el gobierno chino cursó invitaciones a algunos periodistas quienes viajaron a Pekín, becados para recibir capacitación de medios estatales. Aquí es necesario señalar que estas invitaciones son usuales. Durante la Pandemia de COVID y culminadas las pruebas de la vacuna Sinopharm, un grupo de periodistas, tanto de los medios públicos como los privados estuvieron representados en eventos virtuales de cooperación de medios regionales organizados por el Partido Comunista Chino (PCCh), que buscaba promover un modelo de “periodismo constructivo” que privilegiara los mensajes positivos de la vacuna china.
Otra observación es que aún no se conoce los Salvaguardas laborales, sociales y ambientales que protejan o disminuyan los riesgos que todo cambio de status conlleva y además, se fomenten los beneficios y respeten los derechos de las poblaciones”.
Al respecto ya han sucedido hechos que llaman a la preocupación y, porque no, a la desconfianza. Por ejemplo, un análisis legal ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) fechada en 2023, señala que, si bien este megaproyecto promete diversos impactos positivos de índole económico y social, también va a generar impactos ambientales vinculados a los componentes aire, agua y suelo, lo cual, además, repercutirá en el ámbito social.”
“Ello ha quedado evidenciado en los últimos meses, en los que han surgido distintos cuestionamientos por parte de la ciudadanía sobre algunos impactos negativos en las viviendas, en el humedal Santa Rosa y las aves que habitan en este ecosistema frágil, así como en la zona marino-costera del área de influencia del proyecto. Un punto medular que se encuentra bajo la competencia del Instituto del Mar de Perú (IMARPE), y sobre la cual no se hace mención en el informe de dicha entidad es la posible afectación que se podría producir en los recursos hidrobiológicos y las medidas que la empresa debería adoptar para evitar que dichos impactos ocurran”.
“Resulta alarmante la ausencia de un Plan de Compensación Ambiental de un proyecto de inversión de tan alta envergadura, inclusive si se cuenta con un marco normativo que dispone de su consideración en el instrumento de gestión ambiental correspondiente.”, remarcan.
Otro punto relevante que menciona SPDA es que “La empresa había afirmado que la construcción del Megapuerto de Chancay no provocaría impactos negativos en las viviendas de las personas; sin embargo, el 16 de mayo del 2023, muchas casas se vieron afectadas por el hundimiento del suelo, debido a la construcción del túnel del puerto multipropósito de Chancay”.
Lo curioso e indignante es que las mismas objeciones las había realizado la comunicadora Judith Marlene Apolinar Meléndez que también es integrante de la directiva del Frente de defensa por la vida y dignidad de Chancay pero solo a ella la empresa Cosco Shipping la denunció por un supuesto caso de difamación. Apolinar fue detenida en el frontis de la Municipalidad de Chancay.
Así las cosas, habrá que esperar cual es el comportamiento futuro, respecto al acatamiento de las leyes peruanas y las acciones que adopten tanto el Congreso como el Ejecutivo.
EL CASO MARCONA
De no adoptarse a tiemplo los debidos y necesarios salvaguardas,
laborales, sociales y ambientales, Chancay pude tener el mismo destino que el puerto de Marcona:
Afines de 1992, cuando Shougang Group adquirió el 98.4% de las acciones de la empresa Hierro Perú, así como los derechos permanentes de explotación, de exploración.
Ahora, 32 años después, Marcona es considerada como propiedad de los chinos. El 78% del territorio del distrito y no solo el subsuelo pertenece a Shougang que viene operando en la absoluta ilegalidad en términos de sostenibilidad social y ambiental. Por ejemplo, la empresa Shougang Hierro Perú, pese a contar con tres parques eólicos (generadores de electricidad) no producen electricidad para el distrito que ahora luce un aspecto fantasmal.
Además, la Shougang tiene denuncias por violaciones a los derechos laborales y maltrato a los más de mil trabajadores mineros, y acumula multas en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por más de 15 mil millones de soles que permanecen insolutas pese a que la Shougang ha ido duplicando sus utilidades a partir del 2019.
Quedamos advertidos.
Por: Octavio Huachani
