Comisión de Economía reduce propuesta de 3 años a 1, mientras se prepara una ley más amplia y general sobre el libro.
La Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley que prorroga por un año la vigencia de los beneficios tributarios (se exonera de IGV la importación y/o venta en el país de los libros con contenidos científico, educativo y cultural y productos editoriales afines) ya previstos en la Ley 28086, de Democratización del Libro y de Fomento a la lectura y en la Ley 30347 que los prorrogó hasta el 3 de octubre próximo.
La propuesta inicial fue de tres años, pero en el debate que se suscitó en la sesión del miércoles 22, las congresistas Marisa Glave y Mercedes Aráoz señalaron que estos beneficios han sido desiguales.
Si bien el balance comercial ha sido negativo en una década porque el Perú sigue importando más de 69 millones de dólares en libros (algo similar en todo América Latina), la oferta disponible al público mejoró considerablemente por estas importaciones, más que en los demás países del continente, se explicó en el debate.
Marisa Glave dijo que hay un incremento de títulos de obras, pero no se ha incrementado el número de lectores ni de editoriales. Tampoco hay una política de bibliotecas regionales. El presupuesto para la Biblioteca Nacional es de 37 millones de soles, pero los beneficios tributarios alcanzan los 500 millones de soles que solo benefician a tres grandes editoriales (entre ellas Santillana y Corefo, afirmó), que producen el 51% de los textos escolares destinados principalmente a los colegios privados.
La congresista comentó que ella integró un grupo de trabajo que vio esta problemática del libro en general, incluyendo la implementación de bibliotecas públicas, tanto regionales como municipales, por lo que propuso que se reactive y se elaboré una ley general sobre el libro, que incluiría el tema tributario. Propuso la creación de un fideicomiso (como una opción, dijeron) para crear bibliotecas en todas las regiones y mejorar el acceso a la lectura.
Por su parte, Mercedes Aráoz expresó que las exoneraciones tributarias sean una medida temporal (de allí su reducción a un año) y que se debería tomar medidas más drásticas y de fondo, una ley del libro “más profunda”. Dijo que le gustaría integrar dicho grupo de trabajo.
Se puso al voto el dictamen con la corrección propuesta, aprobándose por mayoría.
De otro lado, quedó postergada para la próxima sesión la aprobación del proyecto de ley sobre la conversión de Agrobanco en MiAgro S.A. en espera del dictamen que tendrá la Comisión Agraria sobre este tema. Al respecto, la secretaría técnica de la Comisión de Economía, que preside el congresista, Carlos Bruce opinó favorablemente.
Se dijo que Agrobanco está en una situación de insolvencia, pero se permitirá dar créditos mientras se mantiene la conversión. Se encarecería el crédito si MiAgro S.A. está bajo la supervisión de la SBS, así como su capacidad de financiamiento.
La norma que se propone establece que el límite individual de crédito por productor agropecuario no excederá de 15 UIT, el personal de Agrobanco mantendrá sus mismos derechos con este cambio, y la refinanciación de los créditos a los productores cafetaleros, que estaba en manos de Agrobanco, proseguirá en la empresa por crearse.
OTROS TEMAS
La Comisión también aprobó por mayoría el proyecto de ley que promueve la reactivación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. La norma cumple con uno de los objetivos de la labor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La paralización llevó a una demora de los despachos en las exportaciones e importaciones que generaron sobrecostos logísticos e innecesarios que afectaron el comercio.
También quedaron en un cuarto intermedio el debate y aprobación del proyecto de ley sobre la inversión y desarrollo de Loreto a través de la sustitución del reintegro tributario del impuesto general a las ventas. El presidente de la Comisión anunció que se invitará al gobernador regional y al autor de la iniciativa, congresista Juan Carlos Del Águila, para que se pronuncien al respecto.
Y la iniciativa que regula la entrega de materiales plásticos por las tiendas comerciales, y promueve la reducción gradual del consumo de bolsas plásticas. Se esperará las opiniones de los ministerios de Economía y de Medio Ambiente sobre el particular.