Con la finalidad de apoyar la reactivación del turismo y otras actividades económicas en el país, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 3822/2022-PE y 4021/2022-CR, que propone la «Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional».
El dictamen fue aprobado por mayoría, en primera votación.
Al respecto, la titular de la Comisión de Economía, legisladora Rosangella Barbarán Reyes (FP) sustentó el proyecto de ley tiene por objeto coadyuvar a la reactivación del turismo de negocios, reuniones y eventos, restableciendo el marco legal para la facilitación de trámites aduaneros y el ingreso de participantes, entre otros, para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional por el Poder Ejecutivo, conforme a los términos de la presente ley.
Para tal efecto, se modifican algunos artículos vinculados principalmente a la vigencia de la Ley, siendo ésta hasta el 31 de diciembre de 2030, se modifica el numeral 7.2 del artículo 7 eliminando las exoneraciones tributarias para la nacionalización.
Otra modificación importante está relacionada al control político, al establecer que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, remite un informe anual a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso respecto al impacto de la presente ley.
En su artículo 2 presenta una serie de definiciones establecidas para este caso como bienes, bienes de consumo, comisión, evento, Ley General de Aduanas, participantes, promotor, garantía, entre otros aspectos vinculados a la presente ley.
Otro aspecto vinculado a la presente ley, está referida al internamiento temporal de equipos y aparatos de telecomunicaciones y asignación temporal de espectro radioeléctrico.
En forma excepcional y temporal, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede autorizar el internamiento de equipos o aparatos de telecomunicaciones necesarios para la realización de eventos declarados de interés nacional por el Poder Ejecutivo, así como asignar el espectro radioeléctrico para su uso, siempre que no afecte la correcta prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Al término del debate parlamentario, la iniciativa de ley fue aprobada en primera votación con 80 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, quedando pendiente la segunda votación.