Esta tarde, el grupo de trabajo que analizó el Decreto de Urgencia 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales y dicta otras disposiciones, aprobó por unanimidad su informe final que concluye que este sería compatible con la norma constitucional.
Esta tarde, el grupo de trabajo que analizó el Decreto de Urgencia 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales y dicta otras disposiciones, aprobó por unanimidad su informe final que concluye que este sería compatible con la norma constitucional.
En su sustentación, el coordinador del grupo de trabajo, Marco Arana, dijo que el DU sería compatible con la norma constitucional, con los límites de la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo y no afecta el principio de separación y equilibrio de poderes.
“Se deja constancia sobre la posibilidad de que las normas complementarias que emita la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal y la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en aplicación de la única disposición complementaria final, podrían terminar desnaturalizando del Decreto de Urgencia 031-2019, si no se activan los mecanismos institucionales de control parlamentario y gubernamental”, expresó.
En otro momento, indicó que existe preocupación en los integrantes del grupo de trabajo sobre la verdadera finalidad y efectos del DU materia de dictamen. Dicha preocupación reside en la posibilidad de que los recursos se destinen a obras por impuestos y no reactiven la economía regional o local.
“La ausencia de mecanismos de control para evitar la distorsión de los efectos del decreto de urgencia, la falta de preocupación por parte del Poder Ejecutivo para honrar la deuda con los miembros del magisterio y del sector salud (deuda social); y que la finalidad real del decreto de urgencia se orientaría a mejorar la conducta fiscal de algunos gobiernos regionales y no la inversión en políticas públicas. Por lo que resulta conveniente la intervención de la Contraloría General de la República para que de acuerdo a su competencia supervise la modalidad de obras por impuestos”, señaló en sus conclusiones.
De igual manera, recomendó a la Comisión Permanente elevar el presente informe al Congreso de la República elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú.
“El Congreso de la República, que se instale como resultado de la elección del 26 de enero de 2020, y la Contraloría General de la República deberían activar los mecanismos o procedimientos de control respectivos para determinar la finalidad y efectos del Decreto de Urgencia 031-2019”, dijo.
Asimismo, debería regular de manera precisa los alcances de los decretos de urgencia en los dos supuestos a los que se refieren los artículos 118 y 135 de la Constitución Política del Perú, es decir, para delimitar los alcances de este instrumento normativo en periodos de plenitud constitucional y en periodos de constitucionalidad restringida o también llamado de interregno parlamentario. “Pues, aunque en ambos casos la Constitución los denomina de igual manera, se trata de instrumentos con naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimiento de control (político y jurídico) diferentes”, sostuvo.
Por su parte, la parlamentaria Gladys Andrade propuso que en el DU se incluya una norma complementaria en la que el Ministerio de Economía y Finanzas, se comprometa a efectuar el acompañamiento técnico a fin que los gobiernos subnacionales puedan efectuar de manera más eficiente el manejo de su mejor performance financiera y no asuman obligaciones que podrían terminar convirtiéndose en pasivos.
“Es importante en la medida que mejora el performance financiero de los gobiernos subnacionales, permitiéndoles acceder a nuevas obligaciones y préstamos y que en efecto algunos conceptos no son pasivos propiamente del gobierno subnacional, por ser asumidos por el gobierno nacional como los pagos de las sentencias judiciales”, expresó.
Mostró su preocupación que los gobiernos subnacionales asuman nuevas obligaciones y deudas sin tener la capacidad de ejecutar completamente su presupuesto como se ha puesto en evidencia el año 2019 y al parecer, según dijo, será también una constante el año fiscal 2020.
En tanto, la parlamentaria Lourdes Alcorta propuso una ampliación de inversión con cargo al presupuesto de resultado y recomendó que el Pleno vea sobre un proyecto de ley de organismos internacionales que están exceptos de fiscalización.
