Gobierno declara estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por 60 días

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De acuerdo con el decreto supremo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno Central declaró el Estado de Emergencia en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, de la provincia de Lima, departamento de Lima; y en el distrito de Ventanilla, de la provincia constitucional del Callao, por un plazo de 60 días calendario, con el fin de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

De acuerdo con el decreto supremo 100-2024-PCM, publicado en la edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Durante el estado de emergencia a que se refiere el artículo precedente y en las circunscripciones señaladas, se aplica la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, precisa la normativa.

La intervención de la Policía Nacional durante el estado de excepción, se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de esta institución; mientras que el accionar de las FF.AA. está enmarcado en el Decreto Legislativo N.º 1095.

El decreto también establece que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia, la Policía Nacional debe presentar al titular del Ministerio del Interior (Mininter), un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.

La norma lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte; del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; del ministro de Defensa, Walter Astudillo; del ministro del Interior, Juan José Santiváñez; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.