Panorama dividido: apoyos y contras frente a la movilización convocada por Fecode
A través de un comunicado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a una jornada de movilización «en defensa de la democracia y el Estado Social de Derecho» el próximo jueves ocho de febrero.
Esta surge como respuesta a la controversia desatada por el registro llevado a cabo por la Fiscalía en las instalaciones de Fecode.
Dicho allanamiento se enmarca dentro de una investigación sobre posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Frente al anuncio, algunos líderes y políticos se han unido con objetivos propios. En principio uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, quien manifestó: “Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”.
Sobre esto, hay que resaltar que en repetidas oportunidades, en boletines de prensa, declaraciones a medios, discursos en regiones, el mandatario ha hecho expresa la preocupación sobre un posible ‘Golpe Blando’ para ‘derrocar el progresismo’.
En este mismo sentido, Gustavo Bolivar, respondió al llamado de presidencia: «Pueblo, el Presidente Petro denuncia un Golpe de Estado orquestado desde la Fiscalía. Debemos estar atentos porque el triunfo progresista nos costó décadas de lucha y miles de vidas. No lo vamos a entregar a quienes mataron a nuestra gente y quieren tomar el poder por la fuerza para seguir saqueando y violentado este país. RT. Atentos. Esto no es un juego. Si toca defender la causa en las calles lo hacemos».
También, el Representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, David Racero, escribió en X: «Llamado a demócratas de Colombia: para aquellos que nos llaman exagerados o que nos estamos victimizando: Si no quieren escuchar a Petro, escuchen la historia. No somos ingenuos y por eso convocamos al pueblo demócrata para que esté alerta a impedir la hecatombe».
Organizaciones como la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), invitaron a la comunidad antioqueña a participar en la jornada, que en esta región, tendrá lugar en el Parque de las Luces e iniciará a las 10:00 a.m., según confirmaron en X.
Mientras que otros han criticado estas acciones respuesta de un proceso realizado por la Fiscalía. Entre ellos, la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien aseguró en X: «Es una vergüenza. A Fecode le importa más salir a respaldar a su financiado presidente que dejar sin clase a cerca de 8 millones de niños, que no recibirán clase porque los señores salieron a presionar la Corte Suprema y respaldar a Petro».
En esta misma línea, en su cuenta de X, la Representante a la Cámara Cathy Juvinao, respondió al llamado del presidente a movilización. Explicó: «Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la presidencia les quedó grande».
Petro denunció una “Ruptura Institucional” y llamó a la movilización
Con un mensaje en sus redes sociales, el presidente colombiano hizo una fuerte denuncia sobre la pretensión de sectores mafiosos y de derecha de sacarlo de la presidencia, mediante lo que llamó “una ruptura institucional”. Ya fueron convocadas movilizaciones para el próximo 8 de febrero en defensa del Gobierno.
El presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales el pasado viernes: “Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo”.
Procuraduría suspendió al Canciller
El mandatario calificó de “ruptura institucional” la suspensión del canciller Álvaro Leyva por parte de Procuraduría por supuestas irregularidades en una licitación.
La defensa del Canciller expresó recientemente que la sanción fue desproporcionada al no existir un patrón de comportamiento el cual justificara la suspensión, además sostiene que pudieron existir otro tipo de mecanismos para intervenir en el caso.
El apoderado del canciller Yefferson Dueñas dijo en su documento de defensa que la sancione es: “Una severa restricción a los derechos fundamentales de una persona y perturba de manera sensible el normal desarrollo de las relaciones internacionales de Colombia”.
El abogado también expresó que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría no fue objetiva e imparcial, y que no existió el debido proceso al no esperar que el acusado se defendiera para emitir la medida.
“Las decisiones ya estaban tomadas y el trámite procesal fue una mera ritualidad para protocolizar sanciones que ya habían sido anticipadas”, dice el documento de la defensa.
La fiscalía de Francisco Barbosa hizo sus últimas maniobras
De igual forma, el presidente Petro señaló que desde la fiscalía buscan perjudicarlo con el allanamiento hecho a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), el cual buscaba indagar sobre un aporte de 500 millones hecho al movimiento Colombia Humana en 2022.
Advirtió que la Fiscalía busca apresar a dirigentes petristas e incluso a él, algo que calificó como inconstitucional.
Lo anterior se suma a la circulación falsas informaciones que indicaban que Francisco Barbosa había imputado cargos contra funcionarios del Gobierno nacional.
Esas informaciones resultaron ser falsas. Sin embargo, la cuenta de X desde donde salió esa información es seguida por varios amigos cercanos a Babosa. Incluso la misma información fue dada como primicia una hora antes por la revista de derecha Semana.
El cuestionado fiscal Barbosa dejó su cargo, no sin antes encargar a la vicefiscal Martha Mancera señalada de liderar un entramado en esa institución para beneficiar y proteger a narcotraficantes.
De hecho, la Fiscalía dirigida por Mancera anunció en un comunicado el archivo de una investigación contra ella misma, hecho que causó el rechazo de varios sectores que piden a la Corte Suprema no dilatar la elección de una nueva Fiscal General de la Nación.
Finalmente, existe revuelo por un contrato de 180 millones de pesos para la impresión de cinco mil libros sobre la administración de Francisco Barbosa.
Sectores sociales preparan movilización
Desde hace varios días el sindicato de docentes FECODE y otras centrales obreras convocaron movilizaciones para exigirle a la Corte Suprema la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, con base en la terna presentada por el presidente Gustavo Petro.
Ante las denuncias hechas desde el Gobierno, se espera que más sectores se unan a las movilizaciones el próximo 8 de febrero.
Así mismo, congresistas del Pacto Histórico anunció que viajará a Estados Unidos para denunciar la ruptura institucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Gobierno nacional ha denunciado varias veces la posibilidad de que sectores mafiosos y de derecha que controlan varias instituciones impongan un “golpe blando”, situación que se ha repetido en los últimos años con varios gobiernos progresistas en Latinoamérica.
María José Pizarro: “Sería grave que Corte Suprema no elija fiscal el jueves; sería muy peligroso”
En diálogo con Néstor Morales, en Mañanas Blu, la senadora María José Pizarro , actual vicepresidenta del Senado de Colombia y miembro del Pacto Histórico, enfatizó en la importancia de que la Corte Suprema elija un nuevo fiscal general el próximo jueves, una decisión que considera crucial para calmar los ánimos en el país.
Nosotros tenemos una separación de poderes
afirmó Pizarro en diálogo con Blu Radio.
Según la senadora, es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones investigar al presidente, y no de la Fiscalía, cuyo actual titular ha sido acusado de participar en política y de extralimitarse en sus funciones.
«Es únicamente competencia de la Comisión de Acusaciones investigar al presidente de la República», señaló Pizarro tra afirmar la necesidad de mantener la imparcialidad y el respeto en las investigaciones.
Pizarro destacó la importancia de que la Corte Suprema realice la elección de un nuevo fiscal el 8 de febrero, como está previsto. Resaltó la idoneidad de las tres candidatas, independientes y apartadas de cualquier afiliación política, lo que, a su juicio, podría restaurar la confianza y tranquilidad en el país.
«Hay tres mujeres absolutamente probas, autónomas, independientes», afirmó.
Riesgos de no elegir un nuevo fiscal
La senadora también advirtió sobre los peligros de no elegir un nuevo fiscal en la fecha prevista. «Sería grave que la Corte Suprema no elija fiscal el jueves; sería muy peligroso,» declaró e hizo referencia a las denuncias contra la vicefiscal Martha Mancera y a la necesidad de garantías y un debido proceso imparcial.
A pesar de las preocupaciones, Pizarro reafirmó el compromiso del Pacto Histórico con el respeto a la ley y las instituciones. «Nosotros no vamos a contribuir a la desestabilización del país,» aseguró.
Finalmente, la senadora comentó sobre el viaje de un grupo de congresistas del Pacto Histórico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, aunque admitió no estar completamente informada sobre los detalles.
Los hechos, en resumen:
- El presidente Gustavo Petro denuncia una «ruptura institucional» el viernes, acusando a la Fiscalía de querer investigarlo y llama a la movilización popular en su apoyo.
- Se menciona un registro judicial realizado en la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Bogotá como parte de una investigación sobre financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro.
- Petro alega que sectores de la Fiscalía, narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad y políticos corruptos buscan su salida de la presidencia.
- El presidente del Senado, Iván Name Vásquez, responde a las declaraciones de Petro llamando a la mesura y repudiando el llamado a la confrontación civil.
- Petro utiliza la suspensión de su canciller, Álvaro Leyva , como argumento de persecución y menciona la investigación en la licitación de un contrato para la fabricación de pasaportes.
- Petro menciona que sus opositores buscarán procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de Servicios Públicos por haber sido parte del partido Colombia Humana, creado por él.
- La disputa entre Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, continúa, con acusaciones mutuas de violar la ley y un trasfondo ideológico.
- Algunos críticos consideran que Petro busca interferir en la independencia del Poder Judicial debido a la investigación contra su hijo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
- Petro afirma que la Fiscalía buscará su «juicio político» y concluye llamando a la expresión popular como respuesta a los acontecimientos.
Fuente: Agencia Nodal | Portafolio | Colombia Informa | Bluradio