La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), aprobó por mayoría admitir a trámite, por procedente, la acusación constitucional en contra del ex presidente de la República, Martin Vizcarra Cornejo, por el presunto delito de concusión, por supuestamente haberse beneficiado él, su esposa y su hermano con las vacunas de ensayo en contra del Covid-19.
No corrió el mismo destino la denuncia formulada por el ex congresista Yván Quispe Apaza, que comprende varios delitos como cohecho pasivo propio, colusión simple, negociación incompatible, tráfico de influencias, peculado, tipificados en el Código Penal.
El informe de calificación elaborado por la comisión, que preside la congresista Lady Camones (APP) a través de los técnicos de ese grupo de trabajo, señala que la denuncia no se refiere a hechos que constituyan infracción a la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal.
Entre otros aspectos, esta parte de la denuncia se refiere a que el denunciado habría intervenido en forma indebida en la negociación con la empresa Sinopharm y que habría recibido beneficios para que se contrate a dicha compaña como proveedora de la vacuna para el Estado Peruano.
El documento precisa que Vizcarra no suscribió el contrato preparatorio o definitivo sino la Administración del ex presidente Francisco Sagasti.
El informe también plantea la acumulación de la denuncia 086 y la que interpone la denunciante, Liz Patricia Benavides Vargas; suspendida fiscal de la Nación contra Vizcarra Cornejo, en condición de presidente de la República y en contra de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, ambos en calidad de autores del delito de concusión.
Otra denuncia en contra del ex mandatario, DC 195 (ex434) en forma similar por concusión, colusión agravada y cohecho pasivo propio, por el caso de inoculación de la vacuna de ensayo clínico, esta vez formulada por los ex congresistas Manuel Merino de Lama, Luis Roel Alva y Leonardo Inga Sales, fue aprobada por mayoría.
La acusación es por el supuesto delito de concusión desestimándose el resto de supuestos delitos.
Audiencia reservada
De otro lado, a pedido de la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP), denunciada por la congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero (PP), la audiencia para ventilar las acusaciones en su contra, fue reservada.
Se trata de la Denuncia Constitucional N° 363 formulado por el ciudadano José Luis Briones Trujillo, hecha suya por la congresista Alcarraz Agüero, por la presunta infracción a los artículos 01, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú; y como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal.
A la sesión también concurrió el testigo Carlos Augusto Marino Cuscán para brindar su declaración testimonial.
De otro lado, la presidenta de la SAC, la congresista Lady Camones Soriano, dio cuenta de las denuncias que han ingresado a dicho grupo de trabajo parlamentario.
Entre ellas figura, la denuncia del congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL), contra los jueces supremos César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga, Elvia Barrios Alvarado, entre otros, por la presunta infracción a la Constitución y haber incurrido en los delitos de instigación y prevaricato.
Asimismo, la denuncia formulada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la ex congresista Luciana León, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.