Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales emitió informe sobre el tema y recomienda que para el diseño de políticas es fundamental la participación activa de la sociedad civil.
El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, emitió opinión no viable al “Proyecto de Ley que Fomenta la Inversión en la Industria Cinematográfica y Audiovisual y la Promoción del uso de locaciones del Territorio Nacional», promovido por la congresista Adriana Tudela.
En el informe enviado a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, el Ministerio de Cultura considera que los Estímulos Económicos tienen la naturaleza de ser subvenciones; por lo tanto, no tienen el objetivo de financiar el total del costo del proyecto cinematográfico o audiovisual.
En ese sentido, indica que la disposición de la iniciativa legislativa sobre el otorgamiento de Estímulos Económicos no podrá superar el 50 % del costo de la producción cinematográfica o audiovisual, porque se estaría condicionando a que los proyectos que pretendan beneficiarse, programen su presupuesto en función del estímulo.
El Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, agrega que, lo normal es que los proyectos hagan un presupuesto general y parte de ellos provenga de los estímulos, porque los proyectos cinematográficos financian sus obras con diferentes fuentes, como la coproducción nacional e internacional.
Además, indica que recortar la subvención otorgada, significaría un desincentivo a la producción cinematográfica del país; en tanto en el Perú no existen otras fuentes de financiamiento significativas, que le permitan al sector audiovisual conseguir recursos para la producción de sus obras.
Asimismo, sostiene que el proyecto de ley no hace referencia al establecimiento de un Plan Anual para el Fomento de la Cinematografía y del Audiovisual, en el que se determinan las Líneas Concursables que se van a desarrollar en el año.
Del mismo modo, comenta que dicha iniciativa legislativa no hace referencia al incentivo para el otorgamiento de los Estímulos Económicos a personas naturales y jurídicas de derecho privado, titulares de proyectos cinematográficos y audiovisuales, provenientes de los distintos departamentos del país, excluyendo a Lima Metropolitana y el Callao.
También, recomienda que, para el diseño de políticas, es fundamental la participación activa de la sociedad civil y los expertos de la industria cinematográfica y audiovisual.
Sobre la creación de la Ventanilla Única de Autorizaciones, el Ministerio de Cultura considera que, para el origen de la misma, requiere de modificaciones a nivel de competencias, no sólo intersectoriales sino de instancias intergubernamentales, porque implica al gobierno central, los gobiernos locales y regionales. Por consiguiente, esta medida requeriría modificar la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley N.º 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como otras normas.
Cabe destacar que, el actual marco normativo vigente para el fomento de la cinematografía y el audiovisual peruano, el Decreto de Urgencia 022-2019, no es de naturaleza temporal, toda vez que ha sido ratificado por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República el 19 de agosto de 2020, en cumplimiento con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú.
Finalmente, sobre el fundamento de la propuesta legislativa en su exposición de motivos, donde se menciona que en la actual ley existiría una discriminación positiva, favoreciendo a las producciones en lenguas indígenas u originarias, el Ministerio de Cultura enfatiza que el Estado reconoce la diversidad cultural del país, valora y fomenta la participación de las poblaciones indígenas u originarias en el ejercicio al derecho de producir sus propias creaciones culturales, en este caso el cine.
Asimismo, sostiene que, en consideración a lo dispuesto, a través de la Política Nacional de Cultura, resulta necesario reconocer y consolidar al ciudadano/a como sujeto de derecho cultural, desde su heterogeneidad multiétnica y multicultural.
