Ejecutivo promulgó norma que faculta a gobiernos regionales y locales a invertir en mejorar la capacidad operativa de la PNP

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La inseguridad ciudadana se enfrenta en conjunto. En ese sentido, dichas instancias podrán realizar gastos que contribuyan al cierre de brechas en la institución policial.

Los gobiernos regionales y locales podrán efectuar inversiones destinadas a mejorar la capacidad operativa de los servicios policiales, la investigación, la criminalística, la formación y la salud policial, además de fortalecer la operatividad Policía Nacional del Perú (PNP) en las unidades de flagrancia.

Esto será posible en virtud a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1571 que modifica la Ley N° 29611, Ley que faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer recursos a favor de la PNP. 

Dicho decreto fue publicado este miércoles en el Diario Oficial El Peruano y se emitió en el marco de la Ley N° 31880 que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 90 días en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia.

La norma fue promovida por el Poder Ejecutivo, luego de advertir que los gastos de inversión solo podían ser realizados en materia de “seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento policial”; y considerando la expresión de interés de diversos gobiernos regionales y locales para invertir en otras necesidades del servicio policial. Destaca la disposición de destinar recursos a la Policía Nacional por parte de los gobiernos regionales de La Libertad, Ica, Callao, Ucayali y Cusco.  

En ese sentido, se amplían las áreas en las que pueden invertir los gobiernos regionales y locales a favor de la institución policial, específicamente en materias que reforzarán la capacidad su operativa y la lucha contra la delincuencia. 

Con ello, se fortalece el enfoque multisectorial e intergubernamental de la seguridad ciudadana, así como su abordaje a través de un trabajo conjunto. 

Dicha norma se enmarca en la Política General de Gobierno, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y el eje de gestión del Ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, orientado a mejorar la articulación con los gobernadores regionales y autoridades municipales del país.