Con la finalidad de optimizar las solicitudes de información que realizan los congresistas y facilitar mejores condiciones para su labor de fiscalización parlamentaria, el Congreso aprobó una norma para este caso modificando el artículo 87 de su Reglamento.
Durante la sesión plenaria, se debatió el dictamen recaído en los proyectos de Resolución Legislativa 1850, 2528, 3675, 3829 y 4968/2022-CR, resolución legislativa del Congreso que optimiza la solicitud de información.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano Delgado (FP), destacó la importancia del rol fiscalizador del Parlamento, por lo que consideró necesario modificar el artículo 87 del Reglamento del Congreso, precisando que cualquier legislador puede solicitar información de cualquier funcionario del Estado, que estime necesarios para el ejercicio de su función.
Según el «Artículo 87.- Cualquier congresista puede pedir a los ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al contralor general, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos regionales y locales y a todos los demás organismos del sector público, los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función”.
Añade que “esta atribución no autoriza a solicitar información sobre procesos judiciales en trámite, salvo que sea pública o el juez o fiscal o la Sala que conoce el asunto acceda a entregar la información, bajo su responsabilidad y siempre que se lo permitan las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público y las normas procesales vigentes”.
También se establece que el pedido se hace por escrito fundamentado y preciso. Si dentro de los 15 días posteriores los funcionarios de las entidades requeridas no responden, la Mesa Directiva, procede a la reiteración del pedido.
Transcurridos siete días después de la reiteración, el funcionario requerido está obligado a responder personalmente, según corresponda y lo determine el Consejo Directivo, ante el Pleno o ante la comisión ordinaria, vinculada con el asunto motivo del pedido bajo responsabilidad conforme a ley.
“Esta norma permitirá optimizar la gestión legislativa y la fiscalización a los gobiernos regionales y locales y demás instituciones del Estado. La propuesta es constitucionalmente viable como contrapeso político a la función pública”, manifestó Moyano Delgado.
Respaldo
Seguidamente, el parlamentario Jorge Coayla Juárez (PB), uno de los autores de la iniciativa señaló la importancia de la norma toda vez que cientos de pedidos de información no son atendidos por funcionarios e instituciones del Estado.
Guido Bellido Ugarte (PB), resaltó la necesidad de tener mejores mecanismos para realizar el trabajo legislativo y su función fiscalizadora. Su colega Ruth Luque Ibarra (CD-JP), solicitó que se aclare la palabra “bajo responsabilidad conforme a ley”, y qué consecuencia tiene para efectos legales.
José Balcázar Zelada (PB), señaló que el tema está legislado y que se debería ser más tácito en las responsabilidades. El congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), dijo estar de acuerdo aplicando las responsabilidades de ley y solicitó se agregue mecanismos que no permitan esquivar o dejar que los funcionarios eviten brindar información.
Al término del debate, el dictamen fue aprobado por mayoría con 110 votos a favor, cero en contra y una abstención.