Subcomisión prosiguió audiencia de denuncia constitucional contra Dina Boluarte

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Designó a congresista Ernesto Bustamante como delegado de denuncia contra seis parlamentarios

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se reunió para proseguir con la audiencia de las denuncias constitucionales nros. 268 y 269 acumuladas, contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y primera vicepresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, por la presunta infracción a los artículos 2, numeral 2, 38 y 126 de la Constitución Política y la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible de los artículos 376, 377 y 399 del Código Penal, respectivamente.

Fue en la sesión de este viernes 21, dirigida por la congresista Lady Camones Soriano (APP), presidenta de dicha subcomisión.

Se trata de las denuncias que fueron presentadas por los congresistas Javier Padilla (RP), Norma Yarrow (Avanza País), Diana Gonzales Delgado (Avanza País), Adriana Tudela (Avanza País) y Patricia Chirinos (Avanza País).

En condición de testigo participó el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien informó que recibió varias llamadas de Boluarte para pedir que se le atienda por el Club Apurímac.

“En ningún momento he dicho yo que he visto a la señora haciendo gestiones, pero hay hechos objetivos como el expediente que prueban que ha hecho gestiones”, agregó.

Enseguida sostuvo que se ha identificado dos expedientes en la Municipalidad de Lima, uno de ello el nro. 55817-2022 donde se puede ver cinco firmas de la vicepresidenta. “La señora firmó el expediente e hizo los trámites para tener una autorización de funcionamiento del club Apurímac”, dijo.

Posteriormente, señaló que se sorprendió de atender la llamada de Boluarte y recibir a una abogada, representante del Club Apurímac, quien solicitaba dejar sin efecto multas y que se subsanen requisitos de Defensa Civil. “No se atendió el pedido. Instruimos a la gerencia municipal para que actúe de acuerdo a ley”, sostuvo.

En la audiencia, también se presentó el abogado defensor Alberto Otárola Peñaranda quien preguntó a Muñoz sobre cuáles son los medios de prueba de que la señora Boluarte lo llamó y le hizo el pedido que señala “porque hasta ahora solo son sus declaraciones”, dijo.

“Eso se prueba con los documentos que existen en el expediente y se condicen con las noticias que salieron. Soy una persona que siempre digo la verdad y estoy diciendo las cosas como han ocurrido”, afirmó Muñoz.

Posteriormente el letrado preguntó si conoce que el 23 marzo de 2019 Boluarte denunció a funcionarios de la Municipalidad de Lima por abuso de autoridad y extorsión, en agravio del Club Departamental Apurímac.

Ante esa circunstancia la congresista Patricia Juárez (FP) intervino para argumentar que “lo que pretende el abogado es desacreditar a una institución como es la Municipalidad de Lima”.
En la sesión también participó el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta y otros funcionarios de esa institución.

DELEGAN DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

La presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó en el congresista Ernesto Bustamante (FP) la denuncia constitucional nro. 300, formulada por la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), contra los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo, Juan Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza, todos ellos de la bancada de Acción Popular.

Se les acusa por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado. Se solicita para ellos la destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años.
Así también se delegó en la congresista Kelly Portalatino (PL), las denuncias constitucionales 284 y 286, acumuladas, formulada contra el congresista Freddy Díaz Monago.

La Denuncia Constitucional 284 fue planteada por la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País); mientras que, la Denuncia Constitucional 286 fue propuesta por los parlamentarios Edward Málaga Trillo (No A), Flor Pablo Medina ID), Kira Alcarraz Agüero (ID), Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), Susel Paredes Piqué (ID) y Ruth Luque Ibarra (CD-JP).

Se declara procedente la denuncia constitucional nro. 284, por presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú y procedente la denuncia constitucional 286, por presunta infracción constitucional de los artículos 39, 1 y 2 (numerales 1 y 24) (literal h) de la Carta Magna.

Los congresistas delegados deberán hacer seguimiento de las audiencias y presentar sus informes finales.

Finalmente, con 18 votos a favor 1 en contra y 1 abstención fue aprobada la ampliación del plazo por 10 días hábiles -contados a partir del 2 de noviembre- para elaborar el informe de calificación a fin de que se estudie la viabilidad de acumular las denuncias constitucionales contra el presidente de la República, Pedro Castillo y de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por economía procesal dado el número de denuncias presentadas.