Las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Desarrollo e Inclusión Social, Silvia Loli Espinoza y Silvana Vargas Winstanley, respectivamente, serán convocadas para el próximo lunes por la Comisión de la Mujer y Familia para que informen sobre las acciones concretas que están tomando esos portafolios para prevenir la violencia y abuso en contra de la mujer en los días de confinamiento.
La presidenta de ese grupo de trabajo parlamentario, Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado), planteó la propuesta que contó con la aprobación unánime de la asamblea, dado que los actos de violencia han aumentado en forma dramática en el 2020 en el marco de la cuarentena contra la pandemia.
“Es necesario conocer las acciones de prevención que se están adoptando, dadas las evidencias de agresión y abuso que han sufrido las mujeres y sectores vulnerables”, expresó.
Aclaró que, frente a las nuevas disposiciones de confinamiento emprendidas por el Poder Ejecutivo, se hace necesario conocer las medidas de prevención que se están aplicando para evitar mayores tragedias, para lo cual se hace indispensable la presencia de las dos ministras.
Dijo también que otro tema importante y necesario de explicar es qué están haciendo esos ministros en relación con las acciones concretas de apoyo a los comedores populares y a la gestión de alimentos para los sectores más necesitados y vulnerables.
Fue durante la vigésima sexta sesión ordinaria de la comisión en la que también se aprobó, en forma unánime, la propuesta que plantea la prohibición de la discriminación debido a la maternidad y contra la infancia para el acceso a espacios de educación superior y laboral.
La iniciativa N.° 4315 es de autoría de la excongresista Indira Huilca Flores (Nuevo Perú) del periodo pasado.
El predictamen propone considerar como práctica discriminatoria el no permitir el ingreso extraordinario de niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la responsabilidad de una persona adulta a los espacios de educación superior y laboral, con la excepción de los lugares donde se realicen actividades comprendidas en el Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo.
La congresista Mónica Saavedra Ocharán (Acción Popular) agregó estar de acuerdo con la iniciativa, siempre que la presencia de los menores no obstaculice el desarrollo de las actividades en los espacios educativos, “porque el derecho de uno termina donde empieza el de los demás”.
De la misma manera, el grupo parlamentario aprobó, unánimemente, el proyecto de ley N.° 5797, que plantea garantizar el acceso universal, igualitario a productos de gestión menstrual para niñas, adolescentes y mujeres adultas.
La propuesta es de autoría de la congresista Arlette Contreras bautista (No Agrupados).
El dictamen aprobado propone que el Estado garantice la educación menstrual en instituciones educativas del nivel primario y secundario de manera confiable, oportuna y adecuada, sin estereotipos de género y libre de toda discriminación.
Lizárraga Houghton dio cuenta del texto sustitutorio, que propone declarar de interés nacional el acceso universal e igualitario de gestión de productos menstruales de forma gratuita para niñas adolescentes y mujeres adultas en situación de pobreza y de pobreza extrema a fin de garantizar su participación en la vida social y al pleno goce del ejercicio de sus derechos humanos en igualdad de condiciones y libre de discriminación.
Indicó que el objeto de la propuesta es garantizar el derecho a la salud, la libertad y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres adultas del país, por medio del acceso universal, igualitario y gratuito de productos vinculados a la gestión menstrual como insumos básicos y de primera necesidad.
La propuesta plantea un plazo de 90 días al Poder Ejecutivo para su respectiva reglamentación y que los ministerios de la Mujer y Familia, de Salud y Población y de Educación sean los encargados de la implementación de la ley en forma progresiva e igualitaria para el sector.
