Con el fin de establecer un marco institucional para planificar y crear condiciones adecuadas para lograr el desarrollo de ciudades sostenibles en todo el territorio nacional, el parlamentario Daniel Olivares Cortés (Partido Morado) ha presentado una iniciativa legislativa para gestionarlas y promocionarlas
La Ley para la gestión y promoción de ciudades lleva el número 06794, fue presentada el 14 de diciembre último y busca en las ciudades un ambiente equilibrado, inclusivo, sostenible, planificado y gestionado de manera participativa e integrada de los centros poblados del país, de acuerdo con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.
La ley sería de aplicación obligatoria a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) en el marco de sus competencias, así como para el ejercicio de derechos de las personas y el reconocimiento de sus deberes.
Para el representante del Partido Morado, las “ciudades sostenibles ofrecen calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos, velan por el bienestar de la humanidad futura y procuran la justicia social con dinámicas diversas y en permanente construcción, implementando sus propias formas de equilibrio entre el desarrollo y el bienestar”.
En consonancia con ese criterio, “la sostenibilidad ambiental de las ciudades implica el abastecimiento de los servicios y recursos esenciales y necesarios para desarrollar una vida digna, la capacidad de la gestión de las ciudades para desarrollarse bajo criterios de reconocimiento de la diversidad social, igualdad social y relación armoniosa con el entorno natural”.
La norma consta de 25 artículos en cuatro títulos: Título preliminar. Disposiciones generales; Ejes de las ciudades sostenibles; De la gestión de las ciudades sostenibles; Del registro de buenas prácticas; y cuatro Disposiciones complementarias finales.
Planificación y gestión
En su artículo noveno, la norma plantea que las ciudades sostenibles se respaldan en los procesos de planificación urbana, la cual comprende el ordenamiento y planeamiento del territorio para crear vínculos económicos, sociales, culturales y ambientales en las zonas urbanas, periurbanas y rurales.
Asimismo, las ciudades sostenibles deben considerar el ordenamiento territorial, el planeamiento y gestión de los usos del suelo, el acceso universal a áreas verdes y a espacios públicos seguros e inclusivos, el diseño de infraestructura, acceso a servicios básicos y equipamiento urbano adecuados, seguros y asequibles.
También, la proximidad de servicios de cuidado, donde hombres y mujeres puedan conciliar la distribución del trabajo y el cuidado de las personas dependientes; la prevención, promoción y participación en la gestión de riesgos de desastres; la promoción de la economía urbana y de la economía circular; la ampliación de la perspectiva territorial para reconocer y fomentar oportunidades para las economías de escala.
Y, la generación de seguridad jurídica para atraer proyectos de inversión, prevaleciendo las inversiones verdes y sostenibles; así como la promoción de los incentivos; la participación de la ciudadanía, socialmente inclusiva, que contribuya a la mejora de la planificación urbana; y el mejoramiento del hábitat.
Sobresale el capítulo cuarto del segundo título: Del acceso a la naturaleza en las ciudades y la interconexión entre ecosistemas y el enfoque preventivo de riesgos por desastres.
Allí se define que estas ciudades buscan reducir el impacto ambiental negativo de las actividades humanas e industriales y prevenir los riesgos por desastres a través de mecanismos legales y de gestión que contribuyan a la preservación, protección y conservación del patrimonio cultural y natural y a la protección de ecosistemas.