Como una medida excepcional que proteja a los trabajadores de los sectores público y privado durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó por unanimidad una iniciativa legislativa que permite su continuidad laboral hasta treinta días después de finalizado dicho estado de excepción.
El presidente de la Comisión, congresista Daniel Oseda Yucra (Frepap), al mismo tiempo autor del Proyecto de Ley 5039/2020-CR que propone esta medida, sostuvo que la norma sería de carácter excepcional, ya que en las actuales circunstancias es vital que los trabajadores cuenten con un respaldo.
Si bien el PL (“que propone establecer una protección para la continuidad laboral durante el estado de emergencia nacional por el Covid-19 y hasta treinta (30) días hábiles después de terminado el mismo”) mereció la adhesión de todos los integrantes de la comisión, también fue observada en algunos puntos.
El parlamentario Hipólito Chaiña Contreras (Unión por el Perú) recordó que el Poder Ejecutivo ha dictado una serie de medidas como la denominada suspensión perfecta y un rescate millonario para las empresas, y por el contrario ha dejado a los trabajadores sin la debida protección.
Opinó que, si el gobierno central dictó esas medidas para proteger el empleo, “la presente ley le da el marco legal para sustentar esas palabras”.
La congresista Tania Rodas Malca (Alianza para el Progreso) subrayó la importancia de evitar el abuso de la suspensión perfecta y del despido intempestivo sin respetar los derechos laborales y enfatizó que todos los contratos de los trabajadores del Estado y de la empresa privada deben ser renovados. “Esta ley es necesaria y debe ir con los candados respectivos para defender a todos los trabajadores del país”, adujo.
El legislador Omar Merino López (Alianza para el Progreso) planteó una serie de observaciones de forma que fueron incluidas en una nueva redacción efectuada durante un cuarto intermedio y solicitó específicamente que se incluya en la norma a los trabajadores del Decreto Legislativo 728.
El parlamentario Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) preguntó cuál es el estado financiero de esas empresas que piden suspensión perfecta y si son las mismas que han recibido cientos de millones de soles en devoluciones tributarias. “¿Tan mal estaban que no pueden soportar la crisis durante de tres meses y el peso de ella se la pasan a los trabajadores? ¿Se merece ese derecho la empresa que no ha pagado la CTS o los aportes a la AFP?”
Aunque en esencia dijo estar de acuerdo con una propuesta que tiene un enfoque constitucional y humano, la congresista María Silupú Inga (Fuerza Popular) pidió una mayor reflexión y la opinión de la Comisión de Producción en la medida que esta iniciativa para no afectar a miles de micro y pequeñas empresas que ya han sido golpeadas por la pandemia.
El legislador Jorge Vásquez Becerra (Acción Popular) señaló que sería oportuno lo de excepcional, entendiendo que todos los contratos ya están protegidos en lo que se refiere a despidos durante la emergencia. Solicitó que se pida opinión al Ministerio de Trabajo para no esperar una observación del Ejecutivo. La secretaría técnica informó al respecto que dicho requerimiento se había realizado pero que hasta la fecha no había ninguna respuesta.
Otros puntos de agenda
La sexta sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social tenía como primer punto de agenda la exposición de la ministra de Salud, Rocío Barrios Alvarado, sobre la situación de las micro y pequeñas que están impedidas de ejercer sus actividades en cumplimiento al aislamiento social. La invitación será reprogramada para la siguiente sesión debido a que la alta funcionaria se encontraba en viaje de labores.
Asimismo, la Comisión aprobó solicitar a la presidencia del Congreso de la República que priorice el debate de un dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1455-2016 y 1744-2017 sobre la erradicación de la discriminación en los regímenes laborales del sector público; y solicitar además que el Proyecto de Ley 4950 pase a la de Trabajo y Seguridad Social como primera comisión dictaminadora.