El ministro de Defensa, Walter Martos Ruíz, anunció que se ha conformado un comando para el tratamiento de fallecidos por COVID-19, que está integrado por personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Salud y Seguro Social de Salud – Essalud, que tendrá a su cargo todo lo concerniente al manejo cadáveres por COVID-19 o sospechosos de esta enfermedad.
“Para agilizar este asunto a nivel nacional, hemos conversado con el ministro de Salud y ya dio la disposición el presidente de la República, y se ha conformado un comando de fallecidos, que está viendo los procedimientos y protocolos dentro del marco legal que corresponde, para todo el proceso y flujo de recojo y entierro de cadáveres”, afirmó.
Cabe indicar que el manejo de cadáveres vinculados por COVID-19 está establecido en la Directiva Sanitaria Nº 087-MINSA/2020/DIGESA, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 100-2020-MINSA, del 22 de marzo de 2020.
Dicha directiva señala que el recojo y traslado de cadáveres de un lugar distinto al establecimiento de salud es de responsabilidad de la autoridad sanitaria de la jurisdicción, y que en caso sea superada su capacidad operativa, será realizado con apoyo de la Policía Nacional, y ante la imposibilidad de esta última, podrán realizar dicho apoyo las Fuerzas Armadas.
El titular del sector Defensa indicó que el comando en mención está trabajando en la conformación de equipos de recojo de cadáveres a nivel nacional, que estarán conformados por un médico, auxiliares, un vehículo del Ministerio de Salud o uno particular, y que, en caso que no haya dichos vehículos, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas pueden realizar el transporte del cuerpo.
Dijo también que en este procedimiento es necesaria la participación de un representante del Ministerio Público.
La Directiva establece que la autoridad policial debe poner en conocimiento del representante del Ministerio Público de la existencia de un cadáver en un domicilio o en la vía pública, o lugar distinto al establecimiento de salud, para que, junto con el representante de la autoridad sanitaria de la jurisdicción, determinen a quien le corresponde intervenir. La Fiscalía interviene cuando se evidencia un acto criminal en el cadáver, en cuyo caso dispone y autoriza la necropsia de ley.
Medidas más severas
Respecto de las personas que continúan desacatando la inmovilización social obligatoria, el ministro Martos informó que se está evaluando tomar medidas más severas enmarcadas en la ley.
“Hemos tenido reuniones con el ministro del Interior y con representantes de la Fiscalía y Poder Judicial para ver, dentro del marco legal, medidas más duras para la gente que no toma conciencia. Dentro del marco que nos permite la ley, vamos a incrementar algunas medidas para que la gente tome conciencia”, señaló.