En una conferencia de prensa donde abundaron los adjetivos para cuestionar la gestión de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia, los abogados argentinos de Evo Morales, Gustavo Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, plantearon que el 23 de enero asuma el mando del país la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz, y de inmediato convoque a elecciones generales.
Lo hicieron en compañía de Morales, a quien reconocieron como actual presidente de Bolivia, argumentando que su mandado continúa vigente porque su carta de renuncia presentada el 10 de noviembre aún no fue considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Sobre la base de esta lectura, concluyeron que actualmente Añez se atribuye un mandato “de no derecho” que no le corresponde. “Se han salido del sistema planetario”, “esto no tiene precedentes”, “rompe todas las reglas de convivencia internacional”, aseveró Zaffaroni.
En este contexto, plantearon que el 23 de enero, cuando concluya el mandato de Morales y el de los miembros de la ALP, debería asumir la Presidencia la titular del TSJ para de inmediato llamar a elecciones.
“De alguna manera hay que pensar cómo salir de esta situación que se ha creado, de este Estado de no derecho. El mal esta hecho, el daño está hecho, ahora hay que pensar cómo se revierte. ¿Qué correspondería hacer en una situación de esta naturaleza? ¿Qué queda de autoridades constitucionales? Quedan los tribunales y, por ende, lo correcto sería lo que ya pasó alguna vez en la historia de Bolivia, es decir que asuma la presidencia provisional el presidente del Tribunal Supremo y de esa manera convoque a elecciones y se normalice en lo posible esta situación”, dijo Zaffaroni.
“Cuando se haga cargo el presidente del Tribunal de Justicia retomamos el camino de derecho”, complementó.
Ferreyra advirtió que cualquier otra alternativa, como la ampliación de mandato de los asambleístas o la continuidad de Áñez, será seguir con el camino de la “fuerza bruta” y el “gobierno de la irracionalidad”.
El artículo 169 de la Constitución Política del Estado marca una línea de sucesión constitucional que va hasta el presidente de la Cámara de Diputados.
Artículo 169.
I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.
II. En caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los noventa días.
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia avaló la presidencia de Áñez justamente en el marco de este artículo y argumentando la jurisprudencia constitucional contenida en la declaración constitucional 003/01 de 31 de julio de 2001, que establece que, ante el vacío de poder y en circunstancias de grave crisis política y urgencia constitucional, procede una sucesión sin la necesidad de una ley ni una resolución congresal.
Antes, tomó en cuenta la renuncia de los entonces presidentes de Diputados (Víctor Borda) y del Senado (Adriana Salvatierra), además del primer vicepresidente de esta última instancia (Rubén Medinacelli), por lo que la titularidad de la cámara Alta recayó en la segunda vicepresidencia del Senado, entonces a cargo de Áñez.
Fuente: Nodal/ La Razón